Los ministros de Justicia de la UE lograron este martes un acuerdo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para que la protección de víctimas de violencia de género tenga una base penal, como había propuesto España durante su presidencia comunitaria de turno. «Es un día importante para las víctimas europeas. Hay un acuerdo de mínimos importante entre el PE, la CE y el Consejo», señaló el secretario de Estado de Justicia, Juan José Campos, tras una reunión informal de ministros.
Campos consideró realista que la propuesta quede aprobada antes de finales de año y recordó que la medida permitirá que «las víctimas europeas estén protegidas mas allá de las fronteras que las alberguen en un momento determinado».
El secretario de Estado no quiso comentar el enfrentamiento que la propuesta española generó entre la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que finalmente no estuvo presente en el encuentro de este martes, aunque reconoció que el documento «ha tenido una travesía delicada».
Reding llegó a decir en 2010 que la iniciativa española era una «chapuza», ya que planteaba problemas técnicos porque no todos los países recogen en sus ordenamientos jurídicos la protección de víctimas con la misma base (unos aplican una base penal como España y otros civil o administrativa).
«Me quedo con lo que ha dicho hoy», respondió Campos y aseguró que la propia comisaria «ha hecho una defensa de la necesidad de este instrumento».
Campos recordó asimismo que la iniciativa española tuvo «el copatrocinio de 12 países y ha tenido el acogimiento absoluto en el PE».
«Lo cierto es que hoy en el ámbito penal tiene esa luz verde y se pueden acelerar mucho los trabajos. Hay que agradecérselo a la presidencia polaca», añadió. El responsable español aclaró que la propuesta de la CE del pasado mes de mayo, limitada a los aspectos civiles de la protección de víctimas de maltrato, también seguirá adelante, aunque su negociación podría demorarse hasta dos años.
El Ejecutivo de la UE planteó en un principio que se negociase primero su propuesta con base civil y más adelante la española, con carácter penal, pero finalmente el proceso será el contrario.
Algunos países se declararon preocupados en el pasado por cómo se traduciría la medida española en la práctica, ya que si una víctima de maltrato procedente de Luxemburgo (donde no respetar la orden de alejamiento se pena con una multa) se traslada a España y su agresor la sigue, éste podría acabar en la cárcel.
Campos reconoció que en el ámbito penal habrá que tratar todos los matices que plantean problemas a los estados miembros, pero confió en que se resuelvan. «No me preocupan los problemas técnicos, esos se resuelven todos», recalcó e insistió en que lo importante es que «por primera vez hay una voluntad política acorde en orden a instaurar una directiva de protección a las víctimas».
Estrella Digital / Agencias