El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha explicado que su decisión de elevar a Pleno la causa que investiga el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA se debe al intento de evitar que un asunto tan «delicado» y «complejo» quede en manos de un sorteo, han indicado a Europa Press fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En una carta privada remitida a varios vocales del Consejo y a su presidente, Carlos Dívar, el magistrado ha indicado que la Sección que en un inicio debía hacerse cargo de revisar la imposición a los tres procesados en la causa del delito de colaboración se encuentra a día de hoy muy dividida.
La misiva especifica que de los cinco miembros de la Sección Segunda -Fernando García Nicolás, Enrique López, José Ricardo de Prada, Ángel Hurtado y Julio de Diego- es manifiesto que dos de ellos se inclinarían por ratificar la decisión del juez instructor Pablo Ruz y otros dos, sin embargo, están posicionados en contra de su criterio.
En opinión de Gómez Bermúdez este hecho provocaría que la decisión final sobre si el delito de colaboración implica la existencia de una afinidad ideológica con los terroristas quedara en manos de la suerte dado que la elección de qué tres de esos cinco jueces serían los encargados finales de decidir dependería de un sorteo aleatorio.
El presidente de la Sala de lo Penal considera que «dada la gravedad del asunto» no parece lógico que la composición del tribunal quede fijada aleatorio y sí más justo que la cuestión sea analizada en profundidad por 14 magistrados. La carta redunda en la complejidad jurídica de la cuestión, que versa, entre otras cuestiones, sobre la interpretación del delito de encubrimiento, la voluntad de colaborar con los fines terroristas o el estudio de la suficiencia de indicios.
Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha realizado este jueves un llamamiento «a la responsabilidad de los dirigentes políticos» en sus críticas a la actuación de los jueces. «Determinadas críticas se convierten en ataques que acaban por debilitar la confianza del ciudadano en la Justicia», ha defendido Bravo.
Camacho
El ministro del Interior, Antonio Camacho, ha negado este jueves que el Gobierno haya ejercido «presiones» a los jueces de la Audiencia Nacional para que se retire la acusación de colaboración terrorista a los tres altos mandos policiales procesados en el «caso Faisán». «Evidentemente no se ha pronunciado ninguna presión, ningún tribunal ni ningún juez lo admitiría, pero además el Gobierno no ha presionado ni en este procedimiento ni en ningún otro», ha subrayado el ministro tras visitar la sede la Dirección General de Tráfico en vísperas de la operación salida con motivo de las vacaciones de agosto.
El ministro aludía así a la decisión del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, de remitir al pleno los recursos de los procesados y la Fiscalía, que ha pedido que se retire a los mandos policiales la acusación de colaboración con organización terrorista.
Gómez Bermúdez adopto esta decisión ante la complejidad jurídica que supone resolver si los tres procesados incurrieron en un delito de colaboración con ETA o si sólo cometieron un delito de revelación de secretos, en cuyo aso los hechos no serían competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados de Irún.
«No es un comportamiento propio de una democracia el elevar al cielo a un juez cuando sus resoluciones nos gustan y hundirle cuando sus pronunciamientos nos desagradan o no forman parte de una determinada estrategia política», ha dicho Camacho. El titular de Interior ha asegurado que desde el Gobierno hay un exquisito, absoluto y pleno respeto a todas las resoluciones que adopte un tribunal y procedimientos en marcha, así como a los tiempos de la administración de Justicia, ya que «en un Estado de Derecho hay que respetar las resoluciones judiciales nos gusten o no».
Camacho ha asegurado que en relación con el caso Faisán está «muy tranquilo» con independencia de a qué tribunal corresponda resolver la causa que investiga el chivatazo que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su aparato de extorsión. «Creo en la Justicia y confío en todas las decisiones judiciales, en ningún momento he estado intranquilo», ha concluido.