La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este jueves que las negociaciones entre su formación y el PSOE para reforma de la Constitución con el objetivo de incluir un techo de gasto «van a buen ritmo» y ha añadido que no hay «grandes diferencias» entre los dos partidos. «Se está trabajando bien, el acuerdo avanza, no veo grandes discrepancias», ha manifestado.
En este sentido, ha recalcado que los ‘populares’ están trabajando «por el consenso», si bien considera que las voces críticas en el seno del Grupo Socialista ponen a prueba el liderazgo del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.
«Los problemas internos son problemas del señor Rubalcaba, están poniendo a prueba su liderazgo. Yo estoy trabajando por el consenso del PP», ha declarado, para añadir que «por el consenso dentro del PSOE, ahí le toca trabajar a Rubalcaba».
En una entrevista en Punto Radio, la portavoz ‘popular’ en la Cámara Baja ha indicado que la posición de PSOE y PP «desde el inicio está demostrando que no hay grandes diferencias».
No es necesario un referéndum
Ante la posibilidad de celebrar un referéndum sobre esta reforma, como demandan algunos diputados, ha afirmado que «coincide» en este extremo con Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, que este miércoles aseguró que no es necesario un referéndum porque es una reforma muy técnica.
Sáenz de Santamaría ha recordado que el PP propuso esta reforma constitucional «hace año y pico» y que, de hecho, concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo «con este programa», cosechando un «respaldo mayoritario».
Según ha explicado, esta reforma establece obligaciones a los poderes públicos para garantizar el Estado del Bienestar». «El descontrol de las cuentas públicas, el déficit que llegó hace dos años al 11 por ciento es lo que llevó a los mayores recortes de la historia de la democracia», ha dicho, para añadir que para «tapar ese agujero» el Ejecutivo socialista «tuvo que recortar sueldos a los funcionarios, congelar pensiones y quitar ayudas sociales».