Querían sacar adelante su propuesta con el mayor consenso posible, pero no consiguieron recabar más apoyos que los que ya tenían. Sólo UPN respaldó la reforma constitucional de PP y PSOE para incluir en el texto el principio de estabilidad presupuestaria. UPyD y CC votaron en contra y el resto de los partidos directamente no votaron.
Algunos, como PNV, ejercieron su derecho desde sus escaños. Otros, como BNG e ICV, abandonaron el hemiciclo cuando llegó la hora de la decisión final. Con ellos se encontraba ERC, que ya había anunciado el ‘plante’ con antelación, a sabiendas de que su propuesta de cambiar el texto consensuado por otro que incluyese el derecho de autodeterminación de Cataluña iba a ser rechazada. Los mayoritarios consiguieron pactar dos enmiendas con CiU, una acción saboteada por el izquierdista Gaspar Llamazares, en venganza ante el veto de la Mesa a sus enmiendas.
La reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria salió adelante este viernes. Lo hizo con 316 votos a favor, los del PP y la gran mayoría de los del PSOE. Manuel de la Rocha, Juan Antonio Barrio y José Antonio Pérez Tapias, los tres diputados del ala Izquierda Socialista no acudieron al Congreso. Después de reflexionar sobre el asunto «en profundidad» decidieron que no apoyarían los cambios, por miedo a que implicasen «serias dificultades» para el Estado del Bienestar.
Aun así, el martes respaldaron la toma en consideración de la reforma, pero lo hicieron por disciplina de grupo. Hubo dos socialistas que sí estuvieron en la sesión y que votaron en contra: el ex sindicalista Antonio Gutiérrez, que discrepa de la idoneidad de la medida desde el principio, y el balear José Manuel Bar Cendón, que se equivocó.
Los grupos mayoritarios sólo obtuvieron el declarado apoyo de UPN. El diputado Carlos Salvador explicó que, «desde el anuncio del acuerdo», los suyos aplaudieron su «oportunidad», con una crisis persistente y después de un convulso mes de agosto en el plano económico. En su opinión, «no es el momento para introducir debates y reivindicaciones» que, aunque «legítimos», no tienen nada que ver con «el compromiso de mayor disciplina» que España debe asumir.
Los navarros predicaron con el ejemplo: «Desde UPN hemos, manifestado nuestra oposición a la Disposición Transitoria 4ª, (….) y mantenemos viva la reivindicación de su supresión, pero hoy entendemos la urgencia, la gravedad y el momento histórico singular que nos obliga a apoyar esta reforma. Hoy toca exclusivamente trasladar un mensaje claro a la sociedad española de que nos comprometemos firmemente a gestionar mejor».
El resto de los grupos desoyeron los consejos de Salvador, empeñados en aprovechar que la veda se había abierto para plantear unas reivindicaciones que no están relacionadas con la estabilidad presupuestaria. La Mesa del Congreso confirmó su veto del jueves, gracias a los votos de los mayoritarios, y rechazó las enmiendas que fuesen más allá de la cuestión que se planteaba y todas las relativas a la celebración de un referéndum.
Después, CC y UPyD sumaron sus votos en contra a los de los dos diputados del Grupo Socialista. El resto de minoritarios, decidió no votar, a pesar del empeño de los dos grandes partidos por conseguir, al menos, la abstención de CiU. Gaspar Llamazares, diputado de IU, truncó sus esfuerzos.
Persiguiendo a CiU
Las dos formaciones ofrecieron a los convergentes hasta cinco enmiendas transaccionales. Antes de la votación, José Bono, presidente del Congreso, interrumpió la sesión cinco minutos, que se convirtieron en media hora, para dar tiempo a esas negociaciones improvisadas. Los representantes socialistas y ‘populares’ corrían por los pasillos del hemiciclo con papeles que luego enseñaban a Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU.
El catalán se mantenía sentado en su escaño, viendo cómo los negociadores subían y bajaban, y negando con la cabeza cuando le enseñaban algún escrito. Al final, Duran aceptó dos de esos textos de última hora para modificar unos párrafos de la reforma. En este punto, Llamazares entró en escena. Para que estos cambios salieran adelante, se requería unanimidad en la Cámara y el izquierdista se opuso. Luego, se ganó los abucheos de socialistas y ‘populares’, cuando intentó salir del hemiciclo y no participar en la votación final.
Fue su particular manera de devolver el golpe a PP y PSOE, que habían rechazado las sugerencias de IU-ICV. Los izquierdistas pretendían impugnar el texto negociado y llenar el vacío con una redacción nueva, que incluía hasta la posibilidad de elegir entre República o Monarquía. Los dos mayoritarios votaron en contra de la impugnación, y no se admitió. De ahí el veto a la enmienda de última hora, que se sumó a una amenaza de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).
Con esto, la coalición quiere paralizar todo el proceso de «trámite exprés» de la reforma, algo que, en opinión de Llamazares, «niega los derechos de los parlamentarios». Nuria Buenaventura, portavoz de ICV, agregó en su intervención en el Congreso que los cambios incorporan a la Constitución «un enfoque ideológico», vulnerando «el espíritu de consenso» del texto de 1978.
Buenaventura formó parte del grupo que abandonó el Salón de Plenos en el momento de la votación. La acompañaron los representantes de BNG, NaBai y ERC, que había anunciado el ‘plante’ con tiempo, a sabiendas de que la Mesa no iba a aceptar sus propuestas. Los republicanos catalanes pretendían cambiar el texto consensuado por uno nuevo que incluyese el derecho de autodeterminación de su Comunidad Autónoma.
Joan Ridao, diputado de la formación, afirmó en su turno de palabra que el cambio sería «letal» para Cataluña, «un nuevo golpe de Estado constitucional» que «sigue la estela» de la sentencia del TC contra el Estatut. A su juicio, la reforma es «rabiosamente centralista» y profundamente antisocial». Como ERC, PNV quería incluir el derecho de autodeterminación del País Vasco y, como la Mesa cerró la puerta a su enmienda, también decidió no votar.
La única diferencia es que los nacionalistas vascos pusieron en práctica su decisión desde sus escaños. Josu Erkoreka, portavoz de la formación, criticó que PSOE y PP han convertido la reforma en «un carrusel de arbitrariedades» y que rechazaron su enmienda con argumentos «pseudojurídicos» y «peregrinos». Aun así, instó a la Cámara a tener en cuenta sus peticiones, una «ambición colectiva» de los vascos.
No habrá Referéndum
La excepción en la Mesa del Congreso tuvo que ver con la enmienda de UPyD que planteaba una reforma más profunda en un plazo de seis meses. Una vez Rosa Díez, diputada del partido magenta, presentó sus alegaciones, el órgano dio vía libre a su propuesta. Sin embargo, su enmienda sobre referéndum no salió adelante: «No tendría ningún sentido que la Cámara violase la propia Constitución aceptando una enmienda que pide referéndum», explicó Bono.
La Carta Magna establece que un procedimiento como el de la inclusión de la estabilidad presupuestaria no requiere la consulta popular. Díez lo entiende como una expropiación del texto constitucional: «Lo que se han atrevido a hacer, inadmitir enmiendas decidiendo que van en contra de la Constitución, erigiéndose en TC, es un atropello. Pero, ¿quiénes se creen que son?», preguntó a PP y PSOE.
Con ello, UPyD anunció que, como IU, recurrirá la tramitación ante el TC. Su voto en contra de la reforma se sumó a los de los diputados de CC, Ana María Oramas y Fernando Ríos, que se habían abstenido en la toma en consideración. Este último explicó que no cree que esta modificación sea «necesaria ni oportuna» y criticó que excluye a los grupos minoritarios y que convierte la disciplina presupuestaria en un «dogma universal».
Estrella Digital/EP