El 97% de los ciudadanos rechaza los recortes del gasto público en educación, sanidad y pensiones y más de la mitad se declaran «muy satisfechos» con los servicios de las administraciones públicas, según un informe de la Agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios (AEVAL).
El estudio difundido este miércoles «La administración pública a juicio de los ciudadanos 2011» indica que el transporte, la sanidad y la educación son los sectores mejor valorados, por siete de cada diez ciudadanos, mientras que la justicia, la gestión del desempleo, las pensiones y los servicios sociales reciben las peores calificaciones.
Cerca del 85% de los encuestados cree que los servicios públicos funcionan mejor o igual que hace 5 años, y tanto la percepción que tienen de la educación pública como de la sanidad ha mejorado desde 2008 más de diez puntos porcentuales.
La encuesta, que recoge las valoraciones de casi 2.500 entrevistados y se realizó en 2010 en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), muestra que la mayoría aboga por recortar gastos en infraestructuras y en defensa para ahorrar recursos públicos. En los servicios de educación, sanidad, pensiones y desempleo, la mayor parte de los encuestados considera que los recursos destinados son muy pocos.
La presidenta de AEVAL, María Luisa Carcedo, ha advertido de que este estudio es un instrumento para que la clase política sepa a qué elementos debe dar prioridad en sus agendas, y ha justificado la baja satisfacción en los servicios de desempleo porque se han visto desbordados en sus capacidades durante la crisis.
Carcedo ha recordado que la educación, la sanidad y las pensiones son el «núcleo duro» del Estado de Bienestar y ha reiterado que en épocas de crisis son estas políticas las que hay que preservar.
En este sentido, el informe destaca que más del 50 % de los ciudadanos está a favor de recortar gastos en defensa frente a un 97 % que está en contra de reducir el gasto público en sanidad o educación. Más de seis de cada diez encuestados están «bastante» satisfechos con la calidad de los hospitales públicos y de los centros de salud y siete de cada diez valora mucho los transportes públicos.
Solo un 22% satisfechos con la Justicia
La encuesta refleja que un 70 % de los ciudadanos dice que no ha presentado queja alguna en 2010 porque no ha tenido motivo y la mitad de los que la presentaron está «muy satisfecho» con su resultado. Los servicios sociales y la seguridad ciudadana son valorados muy bien por el 60 % de los entrevistados, en contraste con el 40 % de que valoran «poco o nada» la gestión de las ayudas al desempleo y de las pensiones.
Tan sólo un 22 % de los preguntados está bastante satisfecho con los servicios de la administración de Justicia. Los bomberos son los empleados públicos que gozan de más confianza entre los ciudadanos, seguidos de los médicos, los profesores, los trabajadores sociales y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En sentido contrario, los diplomáticos, jueces e inspectores de Hacienda son los que reciben niveles más reducidos de confianza y sólo un 40 % califica sus servicios muy bien. Asimismo, más del 75 % está «muy o bastante» satisfecho con el último trámite realizado en la administración, sobre todo con la gestión del DNI y con los servicios de Hacienda, lo que -en opinión de Carcedo- desmiente la valoración negativa que en un primer momento hacen los ciudadanos ante los servicios públicos.
Ocho de cada diez ciudadanos valoran muy bien el trato y la profesionalidad de los funcionarios y lo que más critican es el tiempo de espera, donde un 35 % asegura estar «poco o nada satisfecho».
Sobre la administración electrónica el informe subraya que hay un 48 % que nunca ha usado el servicio telemático y un tercio se declara usuario directo. No obstante, dos de cada tres ciudadanos prefieren hacer en persona sus trámites y señalan como principales inconvenientes la falta de contacto personal y la inseguridad que tienen en internet.
Estrella Digital/Efe