El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, tal y como publica El Mundo, recoge en sus autos de registro de varias entidades el relato de la Fiscalía en el que se atribuye a Urdangarín una actividad encaminada a «apoderarse» de «fondos públicos» del Govern balear, utilizando facturas falsas e infladas.
Según este periódico, el auto relata cómo tanto el duque de Palma como su socio Diego Torres, ambos expresidentes del instituto Nóos, contactaron con el ejecutivo balear y le ofrecieron la organización de dos congresos internacionales sobre turismo y deporte. Tras varias reuniones con el entonces presidente Jaume Matas, el govern adjudicó el proyecto al instituo Nóos [eludiendo la ley de forma dolosa, dice, sin concurso] y pagó por ello 2’3 millones de euros, una cantidad, según Anticorrupción, «totalmente desproporcionada para lo que supone el encargo».
De hecho, fuentes de la investigación calculan que el desfase entre el coste real de ambos congresos y el dinero adjudicado a Urdangarín y sus socios podría rondas los dos millones de euros. Tras recibir los fondos, se simulaba la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado. De esta forma, añade el auto, los fondos públicos acababan en manos de las mercantiles controladas por Urdangarín y Torres.
Registro del Instituto Nóos
La Policía judicial, por orden del juez instructor del ‘Caso Palma Arena’, ha pedido información a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) sobre la relación de la Generalitat Valenciana con el Instituto Nóos. Los documentos solicitados se ciñen a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad de patrocinio y mecenazgo que por aquel entonces estaba presidida por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Por el momento, la Casa del Rey no ha querido hacer comentarios sobre la investigación en torno a las actividades del centro que lideró Urdangarín, pero sí que ha querido aclarar que «respeta» el trabajo de los jueces.
Los agentes de la Policía judicial, por orden del juez instructor del ‘Caso Palma Arena’, José Castro, se personaron este lunes en la sede de la Consejería de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) para pedir información de la relación de la Generalitat Valenciana con el Instituto Nóos.
A su llegada han solicitado dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió por aquel entonces Urdangarín, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Generalitat Valenciana.
Concretamente, la información facilitada a la Policía, según las mismas fuentes, es de un contrato de la CACSA del 2004 para la celebración del evento Valencia Summit y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Presidencia, con el Instituto.
Dos contratos en 2004 y 2005
En el primero de los casos, el contrato de CACSA de 2004 se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, que se celebró durante tres años y por la que se pagó 450.000 euros por cada anualidad.
En relación con este contrato, las mismas fuentes han puntualizado que el expediente ha sido objeto de fiscalización por la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas, que determinaron la inexistencia de responsabilidad y estimaron que estaba «plenamente justificada» la legalidad de las actuaciones que realizó CACSA.
En cuanto al otro convenio, se firmó en 2005 por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen estratégica y Promocional de la Comunitat en 2005, con una duración de dos años. Éste tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un seis por ciento del total establecido en el convenio.
Las mismas fuentes han apuntado que este convenio se llevó a cabo «dentro de la más estricta legalidad» y previa justificación del gasto por el Instituto Nóos. También, según el informe de fiscalización de la Intervención General, sin que se hubiera detectado ninguna irregularidad.
La «responsabilidad ética» de Urdangarín
El candidato de ICV-EUiA a las elecciones generales, Joan Coscubiela, ha afirmado este miércoles que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, tiene «más responsabilidad ética cualquier ciudadano», aunque ha defendido respetar la presunción de inocencia.
Lo ha dicho en el coloquio de los Desayunos Primera Plana de El Periódico de Catalunya, al preguntársele por la información publicada por este diario y El Mundo, según la cual el juez instructor del ‘caso Palma Arena’, José Castro Aragón, sostiene que Urdangarín y su socio Diego Torres presuntamente se apoderaron de fondos públicos que recibía el Instituto Nóos -que ambos dirigieron-, a través de un entramado societario.
«Se le debe respetar la misma presunción de inocencia que a cualquier ciudadano, pero también se le tiene que pedir la misma responsabilidad penal; además, tiene más responsabilidad ética», ha opinado el candidado ecosocialista.