La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la política de estabilidad presupuestaria y austeridad «ya no tiene vuelta atrás». «Es necesaria, porque hasta que no se sanee la deuda pública, será imposible salir de la crisis», indicó la dirigente popular en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.
Según Sáenz de Santamaría, los intereses de la deuda pública «se comen» ocho de cada diez euros que los españoles pagan por IRPF, «dinero que, si la deuda fuera menor podría dedicarse a sanidad, educación o inversión». En este sentido, subrayó que los «primeros que tienen que practicar la austeridad son las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos». «Cuando logremos que esa deuda pública se ajuste, se derivarán recursos para otras cuestiones», añadió.
La número dos de la lista del PP por Madrid, considera que el Gobierno del PSOE «va a dejar el país en una situación límite y ruinosa», lo que llevará a que «el próximo Ejecutivo empiece a trabajar cuanto antes para generar empleo». En este punto indicó que «si el PP cuenta con la confianza de los españoles para gobernar se empezará a ordenar el país con la puesta en marcha de un plan y un calendario con el objetivo fundamental de crear empleo».
La situación económica en España es «difícil»
Sáenz de Santamaría considera que la situación económica en España es «difícil» por lo que entre las medidas que el PP propone, además de la austeridad, pasan por un plan de apoyo a pymes y autónomos, «que son los que crean empleo». Este plan incluiría medidas fiscales, ayuda a la reinversión, cambiar el momento en que se pague el IVA de las facturas, una vez que se han cobrado o la bonificación por el primer trabajador de 3.000 euros, entre otras iniciativas. Además señaló que se necesitará también llevar a cabo una reforma laboral y medidas de fomento de la competividad.
Además, la portavoz del PP en el Congreso señaló el «compromiso firme» del presidente del PP y candidato de la formación a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, para actualizar las pensiones a partir del 1 de enero de 2012 en cumplimiento de la ley de 1998, en caso de que resulte vencedor de las próximas elecciones.