La juez Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos, reclama en un nuevo auto las autorizaciones del «titular de la Consejería de Economía y Hacienda», actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán, sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas.
Solicita a la representación legal del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y al exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido –actual alcalde de Sevilla– también datos de 796 prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva al sospechar de posibles manipulaciones, así como el plan promovido por el Gobierno central en 2002 para estos trabajadores.
En un auto de 51 páginas dictado el pasado 10 de noviembre y recogido por Europa Press, la juez Mercedes Alaya reclama, igualmente, la «vida laboral» e ingresos percibidos desde la Administración autonómica por la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), para la que ha trabajado una hija del expresidente andaluz, ministro y presidente federal del PSOE, Manuel Chaves.
Estrella Digital/EP