El expresidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, José Montilla, será finalmente senador de representación autonómica después de que el grupo socialista en el Parlamento catalán haya registrado su nombre junto al de la exalcaldesa de Salt (Girona) Iolanda Pineda. Fuentes cercanas al expresidente han explicado a Europa Press que, tal y como establece la Ley del Estatuto de los expresidentes catalanes, Montilla renunciará a la asignación mensual que le corresponde por haber estado al frente de la Generalitat.
La Ley, aprobada en 2003 por el último gobierno de Jordi Pujol, contempla la posibilidad de que un expresidente desempeñe labores parlamentarias en cualquier cámara y cargos administrativos. Si se da ese caso, se otorga a los expresidentes el ‘derecho a opción’ según el cual pueden escoger si mantienen la retribución que les corresponde -el 80 por ciento del sueldo que tenían como presidentes- o aceptan el salario que le corresponde por su nueva tarea en la Administración.
La norma contempla que esta retribución del 80 por ciento del salario se cobre durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo en que se estuvo al frente de la Generalitat, aunque en casos como el de Montilla en el que solo ha estado una legislatura, tiene derecho a recibirla durante cuatro años. Sin embargo, Montilla mantendrá abierta su oficina de expresidente, algo que, según la Ley, no es incompatible con desempeñar algún cargo en la Administración.
Designación polémica
Su designación como senador autonómico ha generado polémica en el seno del partido, e incluso miembros de la ejecutiva expresaron en la reunión del lunes que no están de acuerdo con esta elección, porque creen que rebaja el rango que debe tener un expresidente. También desde otros grupos de la cámara catalana se ha cuestionado esta opción, y los portavoces parlamentarios de ERC y PP, Anna Simó y Enric Millo, han considerado inadecuado que un expresidente de la Generalitat acuda a la Cámara Alta.
Sin embargo, es tradición que el resto de grupos respeten la elección de senadores autonómicos de cada partido, por lo que es previsible que la propuesta supere el debate en el pleno sin problemas.