El Tribunal Supremo de Casación belga determinará este miércoles si confirma la decisión del Tribunal de Apelación de Bruselas a favor de ejecutar la extradición del etarra Ventura Tomé Queiruga, solicitada por la Audiencia Nacional, en base a una orden de arresto europea por una condena a 17 años pendiente por intentar asesinar a dos guardias civiles en los años 80 en Navarra, según ha confirmado a Europa Press la portavoz de la Fiscalía belga, Lieve Pellens.
El Tribunal de Apelación de Bruselas falló a favor de la extradición del etarra en una vista judicial celebrada a puerta cerrada el pasado 24 de noviembre, rechazando así la decisión anterior de un juez de Primera Instancia de la Cámara del Consejo de la capital belga que había rechazado su extradición, el pasado el pasado 9 de noviembre, alegando un defecto de forma por la falta de concordancia entre las fechas del texto de la euroorden y de su traducción al francés.
Si el Tribunal Supremo determina que se han seguido «correctamente todos los procedimientos normativos», Tomé podría ser extraditado a España en un plazo «muy rápido» de unos 10 días, según han explicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press. En caso contrario, el alto tribunal remitirá de nuevo el caso a otro Tribunal de Apelación, según han confirmado fuentes fiscales y de la defensa de Tomé.
Posible recurso
El abogado de Tomé, Paul Bekaert, ha avanzado a Europa Press la posibilidad de acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por el procedimiento de «urgencia» en caso de que el Tribunal Supremo confirme la decisión del Tribunal de Apelación alegando «violación de Derechos Humanos en España».
Si el Tribunal Supremo da ‘luz verde’ a la extradición, el recurso de la defensa ante el tribunal de Estrasburgo «no suspendería la decisión» de enviarlo a España, según ha confirmado la portavoz de la Fiscalía.
La Fiscalía belga confía en que el Tribunal Supremo les dé la razón tras recordar que han ganado todos los casos sobre extradiciones de etarras salvo en el caso de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García, que fue denegada por la Justicia belga en 2004. «Salvo en el caso de Moreno y García, que fue el primer caso, hemos ganado el resto de los casos», han recordado Pellens.
Ventura Tomé, que permanece en prisión preventiva bajo custodia policial hasta que se resuelva el recurso en casación, fue detenido en Bruselas el pasado 28 de octubre junto a un segundo miembro de la banda terrorista Javier Aguirre Ibáñez en un apartamento de la capital belga que el segundo mantenía alquilado con documentación e identidad falsa, los primeros detenidos desde que la banda terrorista ETA anunció el cese definitivo de su lucha armada.
El etarra Tomé Queiruga, vinculado al comando ‘Saioa’ tiene que cumplir una condena de 17 años de cárcel por intentar asesinar a dos guardias civiles el 3 de abril de 1985 en Navarra, en base a la cual se sustenta la orden de arresto europea.
Pero además, tiene otra condena de 22 años de cárcel pendiente por causar daños terroristas al colocar entre 1983 y 1984 varios artefactos explosivos en las localidades de Egea de los Caballeros (Zaragoza), Estella y Sangüesa (Navarra) y una tercera causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por un delito de pertenencia a banda armada.
El segundo detenido
En el caso de Aguirre Ibáñez, sobre el que también pesan dos órdenes de arresto europeas emitidas por la Audiencia Nacional y que permanece en prisión preventiva, la Justicia belga debe decidir todavía si abre un juicio de acuerdo con la legislación belga por delitos de falsedad documental y de identidad y por esconder a un terrorista prófugo, castigados con hasta cinco años de cárcel.
Ibáñez está imputado por dos jueces de la Audiencia Nacional por sendos actos de violencia callejera. Fernando Andreu le investiga desde 2006 por un delito de daños terroristas y tenencia de explosivos, mientras que Eloy Velasco tiene una causa abierta desde 2000 por daños terroristas y tenencia de sustancias inflamables e incendiarias.