La situación de Iñaki Urdangarin se complica. Según publicaba este domingo el diario El Mundo, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de instrucción, José Castro, acusaban por primera vez al Duque de Palma y a su socio, Diego Torres, de evadir fondos a paraísos fiscales vinculados a Belice y el Reino Unido, que cuantifican de manera provisional en al menos 647.000 euros.
No obstante, la información publicada este miércoles por el diario El País pone aún más en jaque a la Casa del Rey. Según la cabecera de Prisa, los investigadores judiciales de la pieza separada número 25 del ‘caso Palma Arena’ tienen previsto finalizar en 45 días el estudio de toda la documentación incautada en los últimos registros y, a partir de ese momento, citar como imputado a Iñaki Urdangarin.
Dicha investigación excluye a la infanta Cristina del “círculo cerrado de toma de decisiones” del Instituto Nóos, con el que supuestamente se lucró su marido. Según las fuentes consultadas por el diario, Cristina de Borbón, hija del Rey Juan Carlos, y su secretario, Carlos García Revenga, estaban “apartados del conocimiento del área financiera”.
La pieza número 25 del ‘caso Palma Arena’ está relacionada con las anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma.
Desde que afloraron los primeros documentos relacionados con los contratos del Gobierno balear al instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, todas las fuentes jurídicas relacionadas con el caso consideraron “inevitable” la imputación del duque de Palma. Diego Torres, socio principal de Urdangarin en el instituto beneficiado por los contratos públicos entre 2004 y 2006, lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.
En los autos que justificaron los registros se atribuía a Urdangarin y Torres el montaje de una red cuyo principal reclamo era un instituto sin ánimo de lucro (Nóos) para captar fondos públicos que luego desviaban a varias empresas de su propiedad. En los contratos que conseguían a través de Nóos, según el relato judicial, “se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban”.
Redacción Estrella Digital