La situación de la Corona española se complica. Según publica el diario El País, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, detallará este lunes los importantes cambios que se van a acometer en el funcionamiento de esta institución para, entre otras cuestiones, hacerla más transparente en relación con sus gastos. Una decisión motivada, principalmente, por la implicación de Iñaki Urdangarin en el ‘caso Palma Arena’, una supuesta trama empresarial montada para apropiarse de fondos públicos.
Tal y como detalla la cabecera del grupo Prisa, el presupuesto público asignado cada año a la Casa del Rey (próximo a los nueve millones de euros este ejercicio) será transparente y se detallará cada partida del gasto. Los gastos de la Casa del Rey no han estado nunca sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas aunque, desde hace varios años, la institución cuenta entre su personal con un interventor que supuestamente vigila el correcto destino de los fondos públicos.
Esta medida es anunciada dos días después de que el yerno del Rey emitiera un comunicado a través de la agencia Efe en el que lamentaba profundamente el perjuicio que las informaciones y comentarios sobre él están causando a la imagen de su familia y de la Casa del Rey, «que nada tienen que ver» con sus actividades privadas.
Este sábado, la Estrella Digital recogía la siguiente declaración: «Ante la acumulación de informaciones y comentarios aparecidos en los medios de comunicación relativos a mis actuaciones profesionales, deseo puntualizar que lamento profundamente que los mismos estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de su Majestad el Rey, que nada tienen que ver con mis actividades privadas».
‘Caso Palma Arena’
La pieza número 25 del ‘caso Palma Arena’ está relacionada con las anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma.
Desde que afloraron los primeros documentos relacionados con los contratos del Gobierno balear al instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, todas las fuentes jurídicas relacionadas con el caso consideraron “inevitable” la imputación del duque de Palma. Diego Torres, socio principal de Urdangarin en el instituto beneficiado por los contratos públicos entre 2004 y 2006, lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.
En los autos que justificaron los registros se atribuía a Urdangarin y Torres el montaje de una red cuyo principal reclamo era un instituto sin ánimo de lucro (Nóos) para captar fondos públicos que luego desviaban a varias empresas de su propiedad. En los contratos que conseguían a través de Nóos, según el relato judicial, “se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban”.