La elección de las nueve personas que juzgarán por un presunto delito de cohecho pasivo impropio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa se ha reanudado a las cinco de esta tarde después de un receso de tres horas y otras cuatro horas previas de deliberación.
Esta selección ha comenzado a las 10.15 horas en el Tribunal Superior de justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y, tras no concluirse a lo largo de la mañana, se ha realizado un descanso de tres para que tanto las partes como los precandidatos pudieran comer. Una vez concluido el tiempo se ha retomado el proceso.
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha asegurado este lunes a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde va a ser juzgado por la llamada ‘causa de los trajes’ derivada del ‘caso Gürtel’, que no se encuentra nervioso. Camps se ha personado sobre las 09.20 horas de este lunes en la sede judicial, donde le esperaban decenas de periodistas. A la pregunta de uno de ellos sobre si estaba «nervioso» el exjefe del Consell se ha limitado a contestar que «no» con una sonrisa.
Francisco Camps, que ha llegado en coche y acompañado de su abogado Javier Boix, ha saludado seguidamente a varios diputados y miembros del PPCV que le esperaban en la puerta -como Maria José García Herrero, la exconsejera de Cultura Trini Miró, el exconsejero de Educación Alejandro Font de Mora, y la directora del IVAM, Consuelo Císcar- junto a su mujer, Isabel Bas, que ha llegado unos minutos antes.
El expresidente también ha dado la mano a algunos agentes de la Policía y medios gráficos antes de entrar.
Momentos antes de las nueve de la mañana también se han acercado a las puertas del tribunal algunos diputados y cargos ‘populares’ del Parlamento valenciano como María José García Herrero, la exconsellera de Cultura Trini Miró, el exconseller de Educación Alejandro Font de Mora, y la directora del IVAM, Consuelo Císcar.
Enfrente del Palacio de Justicia una veintena de personas se congregan con pancartas y algunos grupos de ciudadanos, que no pertenecen a ninguna plataforma y que se manifiestan a título particular contra la corrupción con caretas de ‘anonymus’. La Policía Local ha establecido un dispositivo para regular el tráfico ante la concentración de personas a en los alrededores del Tribunal.
Por su parte, el exsecretario del PPCV y actual diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, ha llegado al Palacio de Justicia, sobre las 9.30 horas. Costa, que ha llegado diez minutos después de Camps, se ha acercado al Palacio de Justicia andando junto a un abogado del despacho de Hermosilla que le representa.
Delito de cohecho impropio pasivo
El expresidente de la Generalitat valenciana será juzgado por un delito de cohecho impropio pasivo, acusado de recibir trajes como regalo de la ‘trama Gürtel’. De este modo, lo que él mismo en una sesión de control en las Corts el 12 de marzo de 2009 calificó como un «ratito largo», llega a su fin con el juicio en el que un jurado popular determinará su culpabilidad o inocencia.
No obstante, para diversos cargos del PP valenciano, que han ocupado responsabilidades en la administración valenciana, éste no es el final de las derivadas de la ‘trama Gürtel’ en la Comunitat, ya que queda pendiente la causa que se sigue por supuesta financiación irregular del partido, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008 y en la que en julio de este año el magistrado instructor en el TSJCV, José Ceres, pidió nuevas diligencias.
En concreto, en esa causa se están investigando, entre otros, además de a Ricardo Costa, a los diputados Vicente Rambla -exvicepresidente primero del Consell y exconsejero de Presidencia y de Industria-, David Serra, Milagrosa Martínez -expresidenta de las Cortes Valencianas- y Yolanda García.
La del «ratito largo» no ha sido la única expresión utilizada por el expresidente de la Generalitat para referirse al proceso del ‘caso Gürtel’, cuya relación con la Comunidad Valenciana se conoció a principios de febrero de 2009, con el registro de la sede de Orange Market, una empresa dirigida por Álvaro Pérez ‘el Bigotes’, por parte de la Policía y por orden del juez Baltasar Garzón.
Así, ha hecho alusión a él con la frase, pronunciada el 7 de julio de 2009, de que quedaban «uno o dos escaloncitos y toda esta cuestión tan absurda y estrafalaria habrá pasado al pasado», en el momento en que el instructor del caso en el TSJCV, José Flors, consideraba que los hechos que se le atribuían podrían ser objeto de cohecho.
«La verdad está más cerca que nunca», auguraba en ese momento, en el que afirmaba tener el «cariño de la mayoría de los valencianos, que en los últimos años me han dado su apoyo», y apostaba por que «la fuerza de la democracia» se llevaría «por delante esta cuestión».
En la misma línea, el 30 de abril de 2009, a raíz de la insistencia de la oposición en las Cortes Valencianas para que aclarara una conversación telefónica con Álvaro Pérez publicada en los medios -y al que se dirigía como ‘amiguito del alma’-, afirmaba tener unas «ganas locas, pero locas» de explicar «qué hay» en este caso, ya que afirmaba que no había «nada».
Primera declaración
El 19 de febrero de ese año se publicaron las primeras informaciones sobre la vinculación de Camps con la trama y el expresidente de la Generalitat compareció, flanqueado por todo su gobierno y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para desmentirlo.
Aseguró sentirse «profundamente indignado» por las informaciones que se hacían eco de que la Fiscalía le implicaba en el caso a raíz de unas grabaciones a una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él. El entonces presidente de la Generalitat enmarcó la situación a un «extraño proceso de sumario y de filtraciones interesadas» para «dividir» el partido ya que atribuía su «culpa» en este caso a las encuestas que daban una mayoría superior al PP sobre el PSPV para las elecciones.
«Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia, de esta amarga situación», aventuraba Camps, que revalidó su mayoría absoluta al frente del Gobierno valenciano en las elecciones de mayo de 2011, sin que el efecto de esta causa hiciera mella en el resultado.
Sin embargo, dimitió dos meses después, el 20 de julio, después de que el instructor de la causa decidiera abrir juicio oral contra él y los cuatro acusados, y tras valorar si pagaba la multa para evitar el juicio, y cuando ya estaba todo dispuesto para que firmara su conformidad en este procedimiento. Ni él ni el ex secretario general del PPCV y actual diputado, Ricardo Costa, lo hicieron. Sí admitieron su culpabilidad los otros dos: Rafael Betoret y Víctor Campos, que declararán como testigos en el juicio.
«Ofrezco mi sacrificio a España», pronunció Camps, que se declaró «completamente inocente», con menos dinero que cuando llegó al Consell y con la pretensión de no ser «un obstáculo» para que Mariano Rajoy pudiera ganar los comicios de noviembre.
«Conmigo otras personas también están acusadas de infamias y mentiras por el solo hecho de no poder ganarnos en las urnas nunca», proclamó, y auguró que «muchas personas» tendrían que «bajar la cabeza por la barbarie que durante estos años han ido cosiendo para intentar tapar la ilusión democrática, legítima y de libertad del pueblo valenciano».
«Por supuesto me pago mis trajes»
La primera vez que aseguró públicamente que se pagaba sus trajes fue el 10 de marzo de 2009 en una conferencia organizada por un medio de comunicación, donde, preguntado por si se pagaba sus trajes, contestó: «claro, yo me pago mis trajes» y daba las gracias a quienes se habían acercado a él para decirle «adelante presidente, adelante Paco, adelante compañero».
No obstante, el expresidente del Consell no se prodigó en declaraciones públicas en sus últimos años de gobierno ya que sus comparecencias fueron cada vez más reducidas y sin aceptar preguntas.
La oposición ha criticado en reiteradas ocasiones asimismo su ausencia de las Cortes Valencianas, calificándole como «presidente ausente». En la misma línea, en su declaración ante el juez instructor, realizada el 20 de mayo de ese año, Camps aseguró que «nunca» pide el ticket de compra de sus adquisiciones y que paga con dinero en efectivo que le da su mujer y compra «muy poco». Asimismo, negó mantener alguna relación de amistad con ‘el Bigotes’ y atribuyó su contacto a «relación de partido».
«Niego la mayor. Que esto sinceramente, no tiene sentido alguno, que a mi nadie, nunca jamás, me ha pagado un traje, nunca, que no lo habría permitido», aseguró al juez.
Costa fue suspendido de militancia
Por su parte, Ricardo Costa llega al juicio únicamente con el cargo de parlamentario y tras dos años en los que Génova le llegó a suspender de militancia durante diez meses por atribuirse la condición de número dos del partido en la Comunidad cuando la dirección nacional del PP le daba por cesado por su actitud ante este caso.
Durante una comparecencia ante los medios el 13 de octubre de 2009, horas antes de quedar «suspendido» de sus cargos, exigió al PP que defendiera su imagen porque no veía razonable ser una «cabeza de turco», negaba haber recibido ningún traje regalado y calificaba de «desafortunadas» algunas conversaciones que mantuvo con personas imputadas en la causa, publicadas por los medios, por las que pidió disculpas. Tras diez meses de suspensión de militancia, el PP le levantó la sanción por buen comportamiento y colaboración con el partido.
Estrella Digital/EP