El Gobierno que preside Artur Mas llevará a los tribunales al Estado por el impago de los 759 millones de euros de la disposición adicional tercera del Estatut, uno de los hechos «más graves» que han ocurrido desde el inicio de la democracia en la relación institucional entre ambas instituciones.
«No tiene precedentes. Es una situación extraordinariamente grave que asfixia al país», ha lamentado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, quien ha avanzado que también se defenderán ante Europa ante la actitud del Gobierno central.
Por ello, y tras arremeter contra el comportamiento «desleal» del Estado, ha explicado que también comunicarán a las autoridades europeas esta situación para demostrar la credibilidad y seriedad de la gestión catalana.