Altos cargos de la Consejería de Sanidad y empleados de la Agencia Valenciana de Turismo han declarado este lunes como testigos en la décimoquinta sesión del juicio que se celebra contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado Riciardo Costa por un delito de cohecho pasivo impropio en la ‘causa de los trajes’ derivada del ‘caso Gürtel’, donde han asegurado que Orange Market era una «empresa más» y han negado haber recibido indicaciones para contratar. En el caso de Sanidad, los altos cargos han sido preguntados por contratos menores firmados con ésta y otras empresas de la trama para los mismos actos.
Asimismo, en general, los testigos han negado que se hubiera comentado que Camps recibiera regalos por parte de Orange Market y han negado igualmente que Costa tuviera capacidad como diputado para influir en las decisiones que se adoptaban en sus ámbitos de responsabilidad.
Entre los testigos, ha declarado el actual consejero de Sanidad, Luis Rosado, quien ha asegurado que en un cargo anterior en este departamento firmó un contrato menor con Orange Market -por importe de 11.900 euros– para la realización de un video promocional por una visita del expresidente de la Generalitat al Clínico de Valencia con motivo de una cesión de terrenos por parte de la Universidad, aunque en ese momento desconocía la empresa que era y que lo comprobó posteriormente. Asimismo, ha explicado que supo más tarde que otro departamento de esa misma consejería contrató con Orange Market la parte de la exhibición del video.
El testigo ha indicado que en esas fechas se trabajó con 27 empresas para organizar los distintos eventos y Orange Market era «una de ellas» como «todas las demás». Preguntado por el letrado de la acusación popular, Virgilio Latorre, que representa al PSPV, ha manifestado que desconocía que para el mismo acto se hubiera contratado también con Easy Concept y Diseño Asimétrico -otras empresas del grupo–.
En total, según ha expuesto Latorre en sus preguntas, hubo cuatro contratos relacionados con este acto por parte de direcciones generales distintas, cuyo importe total ascendía a 47.000 euros, e interrogado por este extremo, Rosado ha indicado que lo desconocía ya que él solo tenía conocimiento del que firmó y posteriormente supo que la postproducción fue para otra empresa. Interpelado por si esto supone una fragmentación de contratos, lo ha negado y ha recalcado que él únicamente sabe los que firmó.
Rosado ha apuntado que en ese momento dependía del consejero, sobre quien tenía competencias directas el presidente de la Generalitat y al respecto ha manifestado que nadie le comentó que alguien pudiera haber hecho un regalo a Camps ni sabía que pudiera tener el menor interés en esa empresa. Preguntado por el letrado de Costa, ha señalado que el exsecretario general del PPCV no pudo influir como diputado en la contratación de la administración y que no le presentó a Orange Market.
Premios Salud y Sociedad
Por su parte, el actual alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, que ocupó distintos cargos en la Consejería de Sanidad entre 2005 y 2008, entre ellos director general y subsecretario, ha indicado que también contrató con Orange Market, de la que no sabía previamente, como «una más de muchísimas mercantiles», para parte de la organización de los premios Salud y Sociedad.
El testigo ha señalado que hubo dos contratos con Orange Market porque había diferentes actuaciones que hacer y ha apuntado no recordar si había otras empresas contratadas para este mismo acto como Servimadrid o Diseño Asimétrico, que no conocía «antes ni ahora». En este sentido, ha indicado que contrataron «conforme tocaba sin fraccionar contratos» ya que los objetos eran «distintos». «Sí que es verdad que a esa misma empresa había otras facturas pero no era por el mismo objeto», ha resaltado, al tiempo que ha indicado que los contratos no se cuestionaron por la Sindicatura de Cuentas y ha defendido que tuvo el mismo trato que el resto de empresas.
«Todas las actuaciones se contrataban con los antecedentes que obraban en la Consejería de Sanidad», ha dicho, y ha manifestado, ante las preguntas de por qué se contrató con tres empresas del mismo grupo, que no lo sabía. «No se lo puedo decir», ha indicado.
Asimismo, ha declarado Arantxa Vallés, que entre junio de 2007 y agosto de 2010 fue gerente de la Sociedad Gestora para la Promoción de la Imagen Estratégica de la Comunitat Valenciana y que ha afirmado que se contrató con Orange Market para el acto de inauguración de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante, al igual que con otras 160 empresas.
En este caso se trató de un procedimiento negociado con invitación a tres empresas –aunque las otras dos no presentaron oferta y no le «extrañó»– y se contrató con Orange Market por 445.000 euros, con una baja del 12 por ciento sobre el presupuesto de licitación. Preguntada por la acusación popular sobre las referencias que tenía de esa mercantil, ha dicho que sabía que había organizado otros eventos y que había trabajado para el PP y en Fitur y que lo hacía «bien». La testigo ha señalado que los contratos pasan por una serie de controles y auditorías y que no había indicaciones para contratar con Orange Market.
Otra de las administraciones que contrató con Orange Market fue Castelló Cultural, cuyo directivo Vicente Farnós ha expuesto que se le adjudicó un contrato con motivo del décimo aniversario de la entidad. Fue un procedimiento negociado y era para la oferta más económica. De la empresa de Álvaro Pérez ha indicado que era «solvente» y ha dicho que Camps no les dio ninguna indicación para las contrataciones, aunque el magistrado le ha advertido de que no debía contestar a ninguna pregunta declarada «impertinente».
FITUR
Asimismo, han declarado técnicos de la Consejería de Turismo que participaron en las mesas de contratación, en algunas donde resultó adjudicataria esa empresa para realizar los estands de Fitur.
En esta línea, han indicado que las contrataciones eran «absolutamente regular» sin que las no adjudicatarias presentaran recurso, y que se llevaron a cabo de la misma forma que en otras adjudicaciones. No obstante, una de las técnicas sí que ha indicado que los informes que llegaban a la mesa de contratación iban con una propuesta concreta y que si había alguna pregunta se exponía.
En esta jornada, el letrado de la defensa de Camps, Javier Boix, ha renunciado a otro testigo, en este caso, un empleado de El Corte Inglés, y el magistrado-presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, ha declarado seis preguntas de este mismo abogado «impertinentes» al estar relacionadas con que si que el expresidente de la Generalitat o la Presidencia pudo influir de manera directa o indirecta en las adjudicaciones a Orange Market, con la protesta subsiguiente. En el mismo sentido ha considerado otra formulada por el letrado de Costa, Juan Casanueva, en relación con su cliente.