Las personas con ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros en España tienen cuatro veces más riesgo (8,4%) de sufrir una discapacidad antes de los 65 años, que aquellas que tienen ingresos superiores a 2.500 euros (2,4%), según el estudio ‘Discapacidades e inclusión social’ de la colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa.
El trabajo, presentado este jueves, pone de manifiesto que el origen de las discapacidades sobrevenidas antes de la edad de jubilación está estrechamente ligado a las condiciones precarias de vida y de trabajo de la población con menores niveles de poder adquisitivo y formación. «A menos renta en el hogar, mayor tasa de discapacidades», ha advertido el sociólogo y coautor del estudio Carlos Pereda, que se basa en datos de la última macroencuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre discapacidad, publicado en 2008.
Según Pereda, la sociedad española presenta una distribución «muy desequilibrada» de la renta, que genera niveles de salud y de educación diversos y, por tato, en hogares más precarios hay «claramente» más riesgo de contraer discapacidades. Asimismo, ha indicado que hay «muchas» discapacidades cuyo germen se encuentra en las enfermedades que no se han curado del todo, pues su atención requería más recursos económicos.
Pese a la importante renta aportada por más de un millón de pensiones de invalidez o incapacidad, que el 75 por ciento del colectivo percibe, el informe revela que los ingresos medios por hogar son un 25 por ciento más bajos en los hogares en los que ningún integrante tiene discapacidad, pues esas aportaciones no compensan la baja tasa de actividad de este colectivo.
Una tasa del paro del 40%
Los autores del informe también ponen de relieve las desigualdades entre hombres y mujeres con discapacidad en el acceso al empleo y en la percepción de ingresos, pues son las más elevadas de la Unión Europea. Además, el empleo remunerado (en 2008) era tres veces menor en las personas con discapacidad (28%) que en la población española (66%).
Según las estimaciones de los responsables de este trabajo, la tasa de desempleo en 2011 se eleva en el colectivo con discapacidad al 40 por ciento, el doble de la media poblacional. También es más elevado el paro de larga duración -más de un año buscando empleo-, pues representa el 57 por ciento frente al 21 por ciento de la población desocupada en general.
De las 420.000 personas con empleo remunerado, sólo la quinta parte lo había conseguido mediante alguna fórmula de empleo protegido o utilizando ayudas especiales, ya que la gran mayoría lo logró mediante la intermediación de amigos, familiares o dirigiéndose directamente a las empresas.
En cuanto al nivel de estudios, el trabajo revela que si nos ceñimos al millón y medio de personas que se encuentran en edad laboral, el 7 por ciento son analfabetas frente al 1 por ciento de la población general; la cuarta parte no ha terminado estudios primarios; más de la mitad no ha obtenido el título de ESO; el 16 por ciento ha terminado educación secundaria -24% de la población general-; y el 12 por ciento tiene estudios superiores -26% de la población general-.
Los recortes «frenan» la inclusión
Respecto a la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, los autores del trabajo insisten en las consecuencias negativas de «frenar» el desarrollo de la norma para reducir el déficit, tal y como ha hecho el Gobierno con la aprobación de la moratoria para la incorporación de nuevos dependientes. «Es necesario mantener la universalidad en el acceso a los servicios públicos con medidas que faciliten una atención de calidad», ha aseverado Pereda.
Tras la presentación del estudio, han intervenido varios representantes del movimiento asociativo de las personas con discapacidad, como la secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Roser Romero, que ha alertado del «retroceso» en la integración social y laboral de este colectivo por la crisis económica y la falta de apoyo de la clase política. «Somos los primeros en sufrir los recortes», ha lamentado.
Por su parte, el presidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, ha subrayado que las personas con discapacidad han sido «las últimas» en llegar a percibir los beneficios de la bonanza económica y, sin embargo, son «las primeras apartadas cuando toca recoger la mesa». Para Durán, la principal conclusión del estudio es que «las personas con discapacidad en la España del siglo XXI tienen menos oportunidades».
El presidente del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, ha indicado que la discapacidad es una «realidad que está presente», pues afecta casi cuatro millones de personas y que, por tanto, «no se puede dejar» de hacer políticas en favor de este colectivo.
Asimismo, ha reivindicado que la Ley de Autonomía Personal no es suficiente, pues, en el «mejor de los casos», si se cumple con el desarrollo de la misma, en 2015 solo se atendería al 20% de las personas con discapacidad. Por todo ello, ha reivindicado un «cambio social» para que las personas con discapacidad «tomen conciencia» de su dignidad y derechos y sean ellas mismas «los agentes de su propia inclusión».