El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha imputado al abogado Emilio Cuatrecasas por un presunto delito de fraude fiscal de casi cuatro millones de euros, por lo que le ha citado a declarar el 24 de febrero, según confirmaron fuentes judiciales.
El abogado está imputado por defraudar presuntamente a Hacienda casi cuatro millones de euros en 2006, 2007 y 2008 a través de un «sofisticado artificio negocial creado en 1991 dirigido a camuflar frente a la hacienda pública el provento e impuestos obtenido en diferentes ejercicios», según recoge la querella interpuesta por el fiscal jefe de Delitos Económicos, Francisco Bañeres.
Vinculó supuestamente como gastos de su actividad empresarial lo que en realidad eran gastos familiares de carácter privado como varias viviendas, un barco de recreo, mobiliario, personal de servicio y viajes, entre otros.
El escrito del fiscal recoge que el abogado creó «una sucesión de negocios simulados» con los que presuntamente consiguió deducciones en la contabilidad de la sociedad evitando la tributación de IRPF y además, mediante el entramado de sociedades, evitó pagar el Impuesto sobre el patrimonio.
Cuatrecasas dirigía Emesa S.L., que era de su propiedad aunque no de manera directa: su capital social pertenecía por entero a la sociedad suiza BC Property que, a su vez, pertenecía a Union CB S.L. de nacionalidad española pero ninguna de las dos realizó «actividad económica de ninguna clase. Su función consistía en poseer las acciones de Emesa», según el fiscal.
Las acciones de Union CB pertenecían al querellado; a su esposa, Mercedes Barceló, médico de profesión; y a las tres hijas comunes –en un mínimo porcentaje– hasta que, el 27 de julio de 2007, al divorciarse, pasaron por entero a Emilio Cuatrecasas.
Eludir impuestos
Para eludir el pago de impuestos, Cuatrecasas incluía dentro del patrimonio de Emesa todos los bienes de uso y disfrute personal y familiar, y a continuación fingía que él mismo los alquilaba a la empresa: «Un pago del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho», según el fiscal.
Aprovechando que las actividades comerciales de Emesa eran tan dispares como la hostelería, el alquiler de coches, embarcaciones o mobiliario, simuló que alquilaba él mismo diferentes bienes previamente adquiridos por la empresa que «los destinaba a su exclusivo uso personal».
Con este mecanismo alquiló a su propia empresa una vivienda en la calle Cavallers de Barcelona –hogar familiar hasta su separación–, la segunda vivienda del matrimonio en Garós (en Lleida) y un ático en paseo de Gràcia con cinco plazas de garaje –por valor de más de nueve millones de euros– en el que vive desde su divorcio.
Lo mismo hizo con una finca en Fontanilles (Girona), con la embarcación de recreo de nombre ‘Concordia’, dos amarres en el Puerto de Mataró (Barcelona), nueve coches, además de otra serie de gastos en mobiliario, personal de servicio, tripulación del barco –ocho personas–, y otros como viajes, tarjetas Visa y restaurantes.
Además, las cláusulas de los contratos de alquiler de las viviendas y el barco son «absolutamente inusuales»: Emesa como arrendador se compromete a satisfacer sin límite previo toda clase de gastos y, en el caso de la embarcación, incluso pagar a la tripulación, mantener el buque y llenar el depósito de combustible.
El fiscal no ha encontrado ningún elemento que apunte a la participación consciente de su exmujer ni en el diseño del entramado, ni en la toma de decisiones, que «fueron urdidos por su entonces esposo».