El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a la causa contra Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel, ha declarado en calidad de testigo que los abogados de los imputados en la trama se coordinaban para preparar la estrategia de defensa y no para blanquear dinero ni obstruir las investigaciones policiales.
El testigo, que defiende al empresario José Luis Ulibarri imputado en la trama corrupta, ha sido propuesto por la defensa del juez, ejercida por el abogado Francisco Baena Bocanegra. «Tengo un interés directo pero eso no quita que voy a decir la verdad», ha comenzado Peláez, que pide para Garzón una pena de 10 años de inhabilitación.
Peláez ha subrayado que pidió la excedencia de la carrera fiscal hace nueve años, cuando abandonó su último destino en la Audiencia Nacional, donde trabajó junto a Baltasar Garzón. «Le sigo respetando como profesional y como compañero», ha remachado.
A preguntas del abogado defensor del juez imputado, el testigo ha puesto en evidencia que la Policía disponía de elementos incriminatorios contra su cliente procedentes de las conversaciones grabadas en el centro penitenciario, con lo que vio vulnerado su derecho a la intimidad.
Según ha dicho, acudió a la cárcel de Soto del Real para reunirse con el lugarteniente de la red Gürtel, Pablo Crespo, con la finalidad de preparar la defensa de Ulibarri y coordinarse con otros abogados de la trama. Consideraba que esta conversación estaba protegida en el ámbito de la privacidad y la confidencialidad entre abogado y cliente.
Sin embargo, ha indicado que después descubrió que se estaban pinchando las comunicaciones del locutorio de la prisión, por lo que el fiscal, los policías y el juez instructor tenían a su disposición las respuestas que iba a dar su cliente.
Pero no sólo eso, también conocían cómo se coordinaban los abogados de la Gürtel y cuáles eran sus movimientos para preparar la estrategia de defensa, «no para obstruir la investigación policial ni judicial» ni para «blanquear dinero».
Sin autorización judicial para la visita
La defensa de Garzón le ha inquirido si comunicó al juez su intención de reunirse en prisión con Crespo, tal y como establece el reglamento penitenciario, a lo que Peláez ha respondido que consideró que esta autorización judicial no la veía necesaria al contar con el consentimiento del preso y de su abogado Juan Antonio López Rubal.
Durante el interrogatorio ha explicado que el locutorio donde se reunió en varias ocasiones con Crespo estaba siendo «controlado visualmente» por funcionarios, que «siempre» les dirigían al mismo y que no le pusieron ningún inconveniente para que se entrevistara con el interno.
Ante los siete magistrados que forman el tribunal, ha precisado que Ulibarri se encontraba en libertad y que la Fiscalía le realizó preguntas «muy sagaces» después de que las comunicaciones fueran grabadas en el locutorio, al que acudió por primera vez el 25 de febrero de 2009.
Además, ha afirmado que conoció «por casualidad» la imputación de varios abogados de la trama, después de que se lo comunicara José Antonio López Rubal -después se retiró la imputación a los letrados–. Tras ello, ha recordado que quedó «sorprendido» cuando descubrió que sus comunicaciones habían sido pinchadas al levantarse el secreto de las actuaciones.
La defensa de Garzón le ha cuestionado si en su querella utilizó la pieza de las comunicaciones ya expurgadas. «Si estaba expurgado pero no sé por qué», ha dicho, antes de añadir que habló también en prisión con el líder de la red delictiva, Francisco Correa, sobre facturas que después fueron objeto de preguntas en los interrogatorios.
Tras responder a las preguntas de los abogados de la acusación, el exjuez Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Morullo, y del fiscal Antolín Herrero, el testigo ha recuperado su «estatus» de acusación particular, en palabras del presidente del tribunal, Joaquín Giménez, que ha señalado que se trata de una situación anómala al tener Peláez «un estatus híbrido».
Pinchazos incontrolados
El Jefe del Grupo de Intervenciones y Análisis de Comunicaciones de la UDEF en el «caso Gürtel», Manuel M.T., que fue quien ejecutó la grabación de los encuentros que los cabecillas de la trama mantuvieron en prisión con sus abogados, ha manifestado que el juez Baltasar Garzón le dijo expresamente y «de qué manera» debía preservar el derecho de defensa de los imputados al realizar las escuchas.
A preguntas de Ignacio Peláez el funcionario señaló que el juez suspendido de la Audiencia Nacional le explicó expresamente que la claúsula para la preservación del derecho de defensa «era el marco» por el que se tenían que «guiar».
El policía ha reconocido ante el alto tribunal que era la primera vez que realizaba unas escuchas en prisión en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, si bien tan sólo llevaba en la UDEF unos años y desconocía si ésto suponía una novedad.
Además, ha recordado que le pidió expresamente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que le aclarara el significado de la claúsula dirigida a preservar la actuación de los abogados. Garzón le contestó que era a él, como juez instructor, quien «asumiría ese rol a la hora de valorar lo que pudiera o no pudiera afectar a ese contenido».
También a preguntas de la acusación el testigo ha reconocido que el criterio que se adoptó para realizar las escuchas no difería por el hecho de que hubiera abogados presentes en las conversaciones, y que fue el «habitual». «Se seguía la dinámica de las intervenciones telefónicas convencionales, se reservaba la intimidad de las personas porque las partes personales y sin interés en la investigación no se aportan al procedimiento, quedan en el círculo privado».
No sabían si eran letrados o no
Únicamente se aportaban, según este testigo, aquellas conversaciones que a su juicio tenían que ver sobre el objeto que se está investigando. Tampoco se tenia control sobre quien accedía a los locutorios, es decir, si los que se entrevistaban con los presos eran o no letrados, según ha reconocido el funcionario ante la Sala.
El miembro de la UDEF ha reconocido que a veces es difícil discriminar entre lo que es o no privado en una intervención «porque en una conversación de dos horas a veces los temas se entrecruzan, y para dar sentido lógico a las frases hay que incluir giros o expresiones para dar sentido a las frases». Lo que sí aseguró es que los criterios fueron los mismos cuando el caso lo instruía Garzón que cuando la investigación pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que se acordaron con los responsables del centro penitenciario.
Posteriormente, según ha explicado el testigo, un agente de la UDEF se personaba en el centro penitenciario para recoger los CD con las grabaciones, si bien el original quedaba en el disco duro del ordenador del centro, al que su unidad no tenía acceso.
El más incisivo en sus preguntas a este testigo fue el abogado José Antonio Cloclán, que acusa en representación del presunto «cerebro» de la Gürtel, Francisco Correa, que inquirió por las razones por las que este funcionario había preguntado a Garzón qué significaba preservar el derecho de defensa en las escuchas. El funcionario le contestó que su petición se enmarcó «en la relación de fluidez con el juez, es algo habitual, la claúsula no era nada rara».
A preguntas de fiscal Antolín Herrero, el agente de la UDEF señaló que no existe ningún medio técnico que permita discriminar determinados fragmentos de una conversación intervenida «sin intervención humana».
Finalmente, el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, ha inquirido al testigo sobre la forma de actuar de los intervenidos, a lo que el funcionario ha respondido que los imputados de la «Gürtel» respondían a los «parámetros delincuenciales típicos» de un grupo organizado. También ha reconocido que llevaba tiempo entregar los informes sobre las escuchas, una cuestión que anteriormente había quedado en el aire en relación con la posibilidad de que Garzón hubiera tenido acceso a las escuchas antes de interrogar a imputados como José Luis Ulibarri, cliente de Peláez.