El Gobierno ha retomado la negociación para renovar las cuatro vacantes que el Tribunal Constitucional padece desde 2010 para resolver con urgencia esta cuestión y además presentará una reforma de su ley orgánica para resolver el abuso del recurso de amparo y recuperar la figura del recurso previo de inconstitucionalidad.
Así lo ha anunciado al Congreso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su primera comparecencia ante la Comisión Constitucional.
A su juicio, «si existe una institución en la que merece la pena trabajar por el refuerzo de su independencia, ésa es el Tribunal Constitucional», y «el reto es recuperar por completo el prestigio que merece, que se ha visto deteriorado en los últimos años y devolver la centralidad a su primigenia función, que es velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico».
Por ello, ha anunciado la presentación a las Cortes Generales una Ley Orgánica para garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a las recogidas en la Carta Magna.
Ello incluirá, por un lado, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, una figura que se retiró en la década de los ochenta, ya que los socialistas se quejaban de la entonces oposición, de Alianza Popular, llevaba al TC hasta las leyes de Presupuestos Generales.
El PP ya pidió recuperar este mecanismo a raíz del Estatuto de Cataluña, que fue examinado y resuelto por el TC después de haber sido aprobado y votado en referéndum. Su ámbito de aplicación, por tanto, sería limitado, con preferencia al examen de reformas estatutarias o normas que han de ser sometidas a referéndum.
El recurso de amparo bloquea el TC
La reforma de la Ley del TC servirá también para redefinir el recurso de amparo con el fin de evitar que el Alto Tribunal se convierta en una instancia jurisdiccional más y garantizar que pueda cumplir así «su objetivo original de proteger rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles».
Según ha relatado, en 2010 ingresaron 9.041 asuntos en el Tribunal Constitucional y la inmensa mayoría de ellos (8.947) fueron recursos de amparo; en el mismo año, de las 143 sentencias dictadas, 91 se referían a este recurso y al finalizar el mismo, quedaban pendientes de decisión más de 300 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. «El Alto Tribunal se enfrenta a una elevada carga, que ralentiza y dificulta su funcionamiento –ha denunciado–. Tenemos que solucionarlo».
Igualmente, ha confirmado que el Gobierno se propone «proceder inmediatamente» a la renovación del TC y ha revelado que ya ha comenzado los contactos con algunos grupos y que ampliarán las conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible.
Pero aun cuando la renovación es «imprescindible a corto plazo», la vicepresidenta no renuncia a «trabajar en el futuro sobre nuevas fórmulas» para el nombramiento de los miembros del TC «que aporten a la institución una mayor estabilidad y menor dependencia de las coyunturas parlamentarias de cada momento».
No más retrasos al renovar instituciones
La renovación del TC no es la única que tienen pendiente los partidos políticos, que también deben cubrir instituciones democráticas, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de RTVE, todas pendientes desde hace uno o dos años.
A su juicio, este retraso en la renovación de instituciones «no es ejemplar» y «no debería volver a producirse». «Y, por ello, esta será una de las tareas prioritarias en este periodo de sesiones», ha resaltado, dando por hecho que cuenta con la voluntad de acuerdo necesaria. «Queremos hacer del diálogo el eje de nuestro estilo de Gobierno y de nuestra relación con las Cortes Generales», promete.