La Fiscalía General del Estado ha rechazado investigar la denuncia presentada por el abogado Fernando Pamos contra la infanta Cristina por su papel en la empresa Aizoon al considerar que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento de las actividades irregulares de la entidad. «La hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción», dice el Ministerio Público en un escrito remitido al letrado, al que ha tenido acceso Europa Press.
Pamos solicitó a la Fiscalía que abriera una investigación con el fin de que se aclarara el papel de la infanta en Aizoon y su responsabilidad en unas compras particulares que podrían haber sido abonadas por dicha firma, según se señala en un correo electrónico obrante en el sumario en el que está imputado su esposo, Iñaki Urdangarín.
El abogado solicitaba concretamente la incoación de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción en pieza aparte a la que ya se investiga en el Juzgado de Instrucción número 3 de Mallorca en relación a Aizoon, el Instituto Nóos y otras sociedades vinculadas al duque de Palma.
En el citado correo intervenido en la operación Babel Urdangarín y otro interlocutor se refieren a unas compras particulares de la Infanta y a la dificultad de que estas sean «justificadas por gastos de Aizoon» –sociedad de la que la hija del Rey es propietaria en un 50%–, «resarciéndose del gasto originado, con posteridad, ‘desde la caja'», según señala la denuncia haciendo mención a este documento.
No obstante, la Fiscalía considera que la denuncia se basa exclusivamente en «informaciones periodísticas» y «no contiene un relato de hechos» que permita investigar a la infanta.
«En ningún momento se describe una conducta de aquella que resulte incardinable en ningún tipo penal», dice el Ministerio Público que añade que la denuncia no se acompaña de «la más mínima concreción acerca de ninguna forma de participación o intervención» en ninguna de las actuaciones presuntamente irregulares.
A juicio del abogado, los hechos podrían constituir delitos de fraude, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, delito societario de gestión y de falsedad en documento mercantil.
En la denuncia, de ocho páginas, se solicitaba al Ministerio Público que «desempeñe su preponderante papel igualando a todos los españoles» ante la ley y se califica de «imposible» que la Infanta «no estuviere al tanto de las actuaciones de su esposo (…) como para acumular semejante patrimonio».
«Desde mi experiencia, y lo aseguro sin prueba en contrario, si fuera la misma otra persona, ya hubiera sido detenida o su patrimonio objeto de una grandísima investigación. Y es que no debe haber ciudadanos de primera y de segunda», concluía Pamos el escrito presentado.