El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que la anunciada reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo fijará una serie de «supuestos» y no de plazos, como actualmente está estipulado, en los que el aborto estará despenalizado, es decir, se permitirá sólo en una serie de circunstancias que concretará el Ejecutivo.
En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Gallardón ha señalado que «en aquellos supuestos en los que el legislador entiende que por las circunstancias que se dan, que serán las que determine el legislador, no hay reproche penal, la mujer podrá interrumpir su embarazo, pero, en todo caso, tendrán que darse esas circunstancias».
Según ha señalado, «siempre el concebido y no nacido es sujeto de protección jurídica», aunque esto «no significa de ninguna de las formas que en todos los supuestos la interrupción voluntaria de embarazo vaya a suponer un reproche penal».
«Es un sistema que funciona en los grandes países occidentales y creo que es lo que el Tribunal Constitucional nos dijo que tenía que hacer el legislador», ha añadido.
Sobre este asunto, ha explicado que el PP no tiene intención de esperar a que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que plantearon contra la norma porque «ya se ha pronunciado», aunque «muchas veces se obvia», y «ya ha dicho cómo se tiene que interpretar la defensa del derecho a la vida y la no penalización de determinados supuestos» de aborto.
Gallardón se refería así a la sentencia dictada por el Constitucional en 1985 en relación a la normativa en materia de aborto aprobada aquel mismo año, que, según ha dicho, «marcó claramente que la despenalización, es decir, el supuesto de interrupción del embarazo, no podía suponer en ningún caso la desprotección de los derechos que el concebido y no nacido tiene reconocidos por la propia Constitución».
«La última reforma que hizo el Partido Socialista obvió absolutamente esa protección, es decir, no dijo, como decía la ley anterior, que el concebido tiene derecho a la protección aunque hay supuestos que entran en colisión con otros derechos, y que en esos casos, no hay ningún tipo de reproche penal», ha apuntado.
En su opinión, lo que dijo el legislador con la última norma es que «antes de determinado plazo ni siquiera se para a considerar los derechos del concebido y no nacido». «Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional que no se podía hacer y volvemos por lo tanto a su doctrina», ha añadido.
Además, se ha referido a la cuestión de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno, previsión de la ley vigente que a juicio de Gallardón es un «error» porque implica que en España «una menor de edad tenga que pedir permiso a sus padres para hacerse un piercing o un tatuaje y sin embargo legalmente pueda interrumpir su embarazo sin ni siquiera comunicárselo».
Por otra parte, preguntado por la ley que permite el matrimonio entre homosexuales, Gallardón ha defendido esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el tema antes de emprender ninguna reforma legislativa, «Si entiende que la fórmula vigente cabe dentro de la Constitución estaremos a lo que nos diga y si entiende que no, modificaremos», ha señalado.
Estrella Digital/EP