El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que la anunciada reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo que fijará una serie de «supuestos» y no de plazos, como la actual, no significa que se vaya a restablecer la Ley del 85, sino que se va a desarrollar una nueva legislación que supere las deficiencias de las anteriores. «Los años que ha estado vigente una ley y otra nos tiene que llevar a redactar una que supere las deficiencias de una y de otra» , ha explicado en una entrevista concedida a la Cadena Cope recogida por Europa Press.
Así, ha recordado la regulación del derecho a la vida y el derecho a la interrupción del embarazo es un asunto «sensible y profundo», por tanto, a su juicio, «lo más prudente es que todos manifestemos cual es nuestra opinión pero que no hagamos de esto un capítulo de vencedores y vencidos».
«Aquí lo que tiene que vencer por encima de cualquier otra cosa es la protección del derecho a la vida que marca el Tribunal Constitucional, que marca nuestra propia Constitución conjugada con una regulación de aquellos supuestos en los que una mujer puede interrumpir sin reproche penal su embarazo», ha añadido.
Niega la penalización de cárcel
Por otra parte, ha negado que la ley que pretende el Gobierno de Mariano Rajoy incorpore la posibilidad de penalizar con cárcel a las mujeres que aborten que la ley anterior a la reforma socialista así lo hiciera.
«No hay ninguna mujer en España ni con otra ley (en la cárcel por abortar), por lo tanto no dramaticemos las situaciones para llevarlas a extremos que ni se han producido en España ni con la ley que está vigente ni con la ley anterior ni naturalmente se van a producir con ninguna ley que apruebe este Gobierno», ha explicado.
Por lo tanto, ha asegurado que la nueva ley corregirá los defectos de aplicación de la anterior y no será una ley que lleve a ninguna mujer a la cárcel, «pero sí será una ley que en todo caso garantizará siempre los derechos del concebido».
Asimismo, ha explicado que es necesario cambiar la ley actual porque «la anterior ley no funcionaba». «No respondía a lo que quiso el legislador. Una ley que diga que durante determinadas semana el concebido carece completamente de cualquier protección es contrario a lo que ha manifestado el Tribunal Constitucional», ha concluido.