Este martes ha declarado ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Garzón por una presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo Antonio Solsona, vecino de Castellón e hijo de un desaparecido en octubre de 1947. Se trata de la primera víctima que narra su experiencia ante el alto tribunal por hechos acaecidos bastantes años después de la Guerra Civil, por la supuesta vinculación de esta persona con los «maquis» que operaban en la zona, que su hijo niega.
Solsona ha llegado a señalar incluso el nombre -M. Lobo- del responsable de la Guardia Civil que se llevó de su casa a su padre y a un vecino. No tuvo constancia formal de su muerte hasta que tuvo que arreglar unos papeles en un notario en 1973, mediante un atestado de la Guardia Civil decía que tuvieron que aplicarle la denominada «ley de fugas» por intentar escaparse de camino al cuartel, pero la familia nunca recuperó su cuerpo.
El abogado de Garzón en esta causa, Gonzalo Martínez-Fresneda, preguntó a Solsona si creía que la detención de su padre estuvo relacionada con un «maquis» que operaba en dicha zona. «No tenía relación alguna -ha contestado el testigo-. Tres o cuatro veces vinieron y pidieron comida, poco o mucho les tuvo que dar».
Solsona denunció los hechos en la Fiscalía de Castellón de pero le contestaron que «estaban prescritos».
El segundo testigo en declarar ha sido Emilio Silva, dirigente de la Asociación por la Memoria Histórica, que opera en toda España, y coautor del libro «Las Fosas de Franco». Ha señalado que, en el momento de presentar denuncia en la Audiencia Nacional, esta asociación llevaba ya ocho años ayudando a localizar desaparecidos.
Silva se describió como nieto de un desparecido en una zona de León donde existía mucha actividad sindical, por lo que la «represión» fue muy «sistema habitual», y ha añadido que cuando su abuela murió, momento en el que él tenía 33 años, no le había dicho nada por miedo. «No sabiamos que a los muertos también les ocurren cosas», ha señalado.
Según Silva, su asociación tiene documentados más de 12.000 casos de desaparecidos en toda España, y si no presentaron denuncia hasta 2006 es porque «las cosas tienen que madurar».
Denuncia ante la ONU
Entre otras acciones, el testigo ha narrado su denuncia de 64 casos concretos ante Naciones Unidas solicitando la aplicación del protocolo de desaparecidos de 2002.
«Estas familias ni siquiera han tenido la consciencia de víctimas -ha explicado el testigo- Han estado viendo como el Estado franquista investigaba los crímenes cuyos autores fueron aquellos que llamaban las »hordas marxistas’, reparaban a sus familiares, les daban puestos en la Administración.Y hay que reunir fuerzas, porque a mí me dijeron que esto fuera de casa no se podía decir».
A juicio de Silva, «las exhumaciones son una parte del problema, de la que se tienen que responsabilizar el Estado», pero las víctimas también quieren «justicia».
Finalmente, ha tomado la palabra el fiscal Luis Navajas, que es la primera vez que lo hace en este juicio para interrogar a un testigo, para interesarse por la personación de la Asociación de la Memoria Histórica en una causa abierta por una juez argentina por las despariciones ocurridas en España entre 1936 y 1977.
«Fuimos allí porque en España se investigaron desapariciones en Argentina, y entendemos que, en virtud del principio de Justicia Universal, ello puede ser bidireccional -ha afirmado-. Si tiene que ser una juez argentina la que asuma la responsabilidad (de investigar), eso es lo que queremos».
Tras esta declaración, el tribunal ha empezado la fase documental del juicio en espera de que llegue el último de los testigos, Antonio Ontañón (de la asociación Heróes República y Libertad), que en dicho momento se encontraba en un vuelo de Santander a Madrid.
Así, se ha dado lectura de varios documentos, entre ellos, el voto particular mediante el cual tres magistrados de la Audiencia Nacional se opusieron a la decisión de sus compañeros de considerar incompetente a Garzón para investigar las denuncias de las asociaciones de Memoria.
Manos Limpias, que concurre conjuntamente con la asociación Libertad e Identidad, solicita inicialmente que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricación, mientras que la Fiscalía no presenta acusación en este procedimiento. Una vez las partes se pronuncien sobre si mantienen o no estos pronunciamientos será el momento de exposición de sus informes, y el juicio se cerrará con el turno de última palabra para el juez suspendido de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-.
Por su parte, Manos Limpias sostiene en su escrito de acusación que, en todas sus actuaciones, Garzón «era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad».
Por ello, piden al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.
El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala los magistrados Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
El Supremo escucha a los tres últimos testigos
El juicio contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del franquismo y la Guerra Civil encara este martes la última parte de su fase testifical, tras renunciar la defensa del juez acusado a una gran parte de los testigos que habían sido citados inicialmente, la mayoría representantes de asociaciones por la Memoria Histórica.
Así, están citados Antonio Solsona Nebot (Grupo de Recuperación de la Memoria de Castellón), Elmilio Silva (Asociación Recuperación de la Memoria de León, Bierzo, Burgos y Zamora) y Antonio Ontañón (Heróes República y Libertad). Una vez concluyan estas declaraciones, se celebrará la prueba documental y tras ello el presidente del tribunal, Carlos Granados, podría solicitar a las partes que señalen si elevan a definitivas sus conclusiones iniciales o bien las modifican.
Manos Limpias, que concurre conjuntamente con la asociación Libertad e Identidad, solicita inicialmente que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricación, mientras que la Fiscalía no presenta acusación en este procedimiento. Una vez las partes se pronuncien sobre si mantienen o no estos pronunciamientos será el momento de exposición de sus informes, y el juicio se cerrará con el turno de última palabra para el juez suspendido de la Audiencia Nacional.
Familiares de represaliados vienen exponiendo desde la semana pasada ante los siete magistrados que juzgan este caso que la investigación del juez Garzón era la única opción existente para obtener justicia. La Sala decidió el pasado martes continuar con la vista tras rechazar las cuestiones previas esgrimidas por la defensa del juez de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía para que fuera anulada entre ellas la aplicación al caso de la ‘doctrina Botín’.
La Fiscalía, que apoyó todas las cuestiones previas planteadas por la defensa, no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-.
Acusación de Manos Limpias
Por su parte, Manos Limpias sostiene en su escrito de acusación que, en todas sus actuaciones, Garzón «era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad».
Por ello, piden al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.
El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala los magistrados Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
Redacción