La Sección Decimoséptima de la Audiencia de Madrid ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid contra el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y una perito de su unidad por posibles irregularidades en la recogida y custodia de muestras del 11-M. Considera que los hechos son «cosa juzgada» porque la Audiencia Nacional archivó en junio de 2009 una querella idéntica presentada por Alternativa Española.
Los tres magistrados que firman la resolución consideran que la querella por los hechos denunciados por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M debería haber sido turnada al Juzgado Central de Instrucción número 6, que era el que tenía antecedentes, en vez de haber sido remitidos al órgano en el que son actualmente instruidos por la juez María del Coro Cillán, el de Instrucción número 43 de Madrid.
Por ello, la Audiencia estima el recurso presentado por la defensa de Manzano y revoca la decisión que ésta adoptó en mayo de 2011 de seguir adelante con la investigación, que se refiere a la comisión por parte del ex mando policial de presuntos delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio.
Según esta parte, la actuación del entonces jefe de los artificieros dificultó conocer la naturaleza de las bombas y, por lo tanto, la autoría exacta del atentado ya juzgado en la Audiencia Nacional. En esta causa también están personadas la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO).
Según la Audiencia de Madrid, la narración de los hechos denunciados por la asociación de víctimas puede que no sea idéntica a la que figuraba en la querella de Alternativa Española ante el juez Velasco «pero en ambos escritos y procedimientos se narra de manera absolutamente coincidente» una presunta ocultación tanto por Manzano como por la perito química de determinadas pruebas obtenidas en los doce focos de explosiones del 11-M.
«Por lo tanto, ante la identidad de hechos denunciados, quizás hubiera sido concluyente el reparto de la segunda denuncia -la interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M- al juzgado de Instrucción número 6 de Madrid» bien desde un primer momento por el decatano, bien una vez constatado en el juzgado de Instrucción número 43 la identidad de los hechos denunciados con los que conocía la Audiencia Nacional.
«No se puede practicar siempre la misma prueba»
En otro punto de la resolución, que firman los magistrados José Luis Sánchez Trujillano, Ramiro Ventura y Rosa Brobia, se advierte de la coincidencia de los hechos denunciados por la asociación de víctimas con la «cosa juzgada material» del sumario por los atentados del 11 de marzo en Madrid.
Así, considera la Audiencia de Madrid que «por mucha que sea la insatisfacción o impotencia que el resultado de las pruebas periciales genere en las partes procesales, no es posible volver a discutir sobre su necesidad, pues el proceso viene regulado legalmente y no se puede practicar cualquier prueba en cualquier orden o momento, ni se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar al resultado que satisfaga los intereses de las partes».
Pese a la existencia del recurso ante la Audiencia Provincial cuestionando todo el procedimiento, la juez Coro Cillán ha seguido realizando diligencias de investigación.
Así, el pasado 6 de febrero, el expresidente de Renfe Miguel Corsini declaró ante la magistrada que la compañía no recibió en ningún momento una orden judicial que autorizara la destrucción y el desguace de los trenes que fueron objeto de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Corsini, según afirmaron fuentes presentes en la declaración, afirmó en calidad de testigo que ni la Policía ni tampoco ninguna autoridad judicial se interesaron por la preservación de los vagones. En cualquier caso, ha indicado que el director de seguridad de Renfe Manuel Rodríguez Simons actuaba como correa de transmisión con la Policía.
Redacción