El portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), José Luis Ramírez, ha subrayado este viernes que «todos los ciudadanos son iguales ante la Ley», tras conocer las declaraciones de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, en referencia a la decisión del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro Aragón, de no grabar en soporte de vídeo digital la declaración de Iñaki Urdangarin.
Gabriela Bravo ha señalado, en una entrevista a TVE, que «no todos los imputados son iguales» ni están sometidos a la «misma presión mediática» por lo que no se puede «estigmatizar su imagen».
En rueda de prensa en Zaragoza, donde se ha reunido la Comisión Permanente de JPD, José Luis Ramírez ha indicado que «si esas son las declaraciones de la portavoz no las puedo compartir», porque «todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, no creo que haya que hacer ninguna distinción».
No obstante, «sí acepto la afirmación de que las filtraciones son un grave problema», aunque en esta cuestión es necesario «ponderar varios intereses en conflicto».
Así, ha observado que una filtración «puede colocar a la persona que está siendo objeto de investigación o acusada en una situación que ataque el derecho fundamental de presunción de inocencia, porque se le presenta ante la ciudadanía como culpable cuando todavía no ha habido juicio», por lo que «puede tener este efecto negativo», pero también «hay que ponderar» el derecho a la información «porque la ciudadanía también tiene derecho a saber qué esta sucediendo».
Por tanto, se trata de ponderar «estos intereses», pero «es complicado desde la propia jurisdicción o desde el CGPJ poner coto a los sucesos que se puedan producir cuando haya filtraciones», son los medios de comunicación «quienes tienen el papel relevante mediante la aprobación de códigos deontológicos o mediante la auto-restricción, proporcionando información suficientemente contrastada que trate de minimizar ese impacto sobre la presunción de inocencia».
En todo caso, José Luis Ramírez ha recalcado que «no creo que debamos hacer ninguna diferencia» porque «el mismo derecho a la presunción de inocencia tiene Urdangarín que tenían las personas acusadas en el juicio de Marta del Castillo, somos todos ciudadanos del mismo Estado y del mismo sistema de valores y convivencia», ha concluido.