El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, afirmó ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que cuando en 2008 rompió relaciones con su exsocio al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, tenía «la sensación de que las cuentas no eran transparentes» si bien no lo denunció porque decidió acometer otros proyectos.
En su declaración, incidió además en que tampoco «tenía las evidencias legales que posibilitaran el denunciarle». Es más, al ser preguntado por el fiscal Pedro Horrach si a día de hoy tiene planteado denunciarle, aseveró que «de momento no».
El imputado en el marco de la pieza 25 del caso Palma Arena recordó que conoció a Torres cuando éste era su profesor en Esade y, a pesar de que en un primer momento la relación «fue la propia de profesor-alumno», a mediados de 2002 fue contratado su exsocio y otros profesores de Esade a fin de organizar una consultoría para Octagon S2.
En su comparecencia, el marido de la Infanta Cristina manifestó que desde 2008 no ha vuelto a ver a Torres, a quien atribuyó las decisiones adoptadas a través de Nóos en materia económica y administrativa.
Cruce de facturas falsas
En concreto, las acusaciones consideran a Urdangarin y Torres responsables de urdir un entramado societario cuando ambos estaban al frente de Nóos con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon SL, -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies SL, Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
El análisis de la numerosa documentación incautada en el marco de la causa pone de relieve además el reiterado cruce de facturas supuestamente ficticias o por importe superior al servicio prestado, efectuado entre estas sociedades con el objetivo de incrementar gastos de unas u otras empresas a efectos de rebajar artificialmente el coste del correspondiente impuesto de sociedades.
Estrella Digital/EP