Los alumnos del colegio Santa Illa School regresan este lunes, 27 de febrero, a las clases después del embargo de bienes que sufrió el centro el pasado jueves como consecuencia de una deuda de la sociedad anónima propietaria del centro con la Seguridad Social y que asciende a un millón de euros.
Trabajadores del centro colocaron el viernes al mediodía un cartel en la fachada informando de que las clases se reanudaban el lunes, después de que la Tesorería General de la Seguridad Social decidiera nombrar depositario de los bienes embargados a la sociedad responsable con el fin de que el centro pudiera continuar con la actividad.
Precisamente, la Tesorería justificó su actuación del jueves, cuando operarios y funcionarios de la Administración entraron en el colegio para llevarse las pizarras, los pupitres y todo el material deportivo con los niños presentes, en las reiteradas ocasiones que habían intentado hallar una solución al problema sin hallar respuesta alguna.
Según han señalado esta semana desde el ministerio de Empleo y Seguridad, el propietario y director del centro rechazó «sistemáticamente» todas las soluciones que se le daba para afrontar su deuda, como el pago fraccionado de la misma e «hizo caso omiso a la petición de entregar una relación de bienes de su propiedad por si su embargo pudiera servir como garantía de pago».
Por su parte, el director, Iñaki Santa, ha reconocido la deuda de un millón de euros y ha asegurado que su intención es saldarla, por lo que quiere encontrar una solución conjunta, tanto con la Seguridad Social como con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para que el centro pueda permanecer abierto más allá del mes de junio.
Los padres, que carecen de Asociación de Padres de Alumnos (APA) como tal, han mostrado su «unión» a la hora de afrontar la situación y aunque pedirán explicación a la dirección del centro de la gestión del mismo, su preocupación y demanda se centra en el «atropello que sufrieron los niños en medio de clase».
Muchos afirmaron que los alumnos vieron con sus propios ojos cómo operarios se llevaban sus pupitres, sus colchonetas, y en general, todo el material educativo y deportivo, y que pasaron mucho tiempo en el patio porque, evidentemente, no podían estar en las clases. «Fue impresentable la forma de actuar».
Críticas
En eso coincide toda la comunidad educativa, que no entiende por qué no se procedió al embargo de bienes un sábado o un día festivo. La Seguridad Social ha explicado que todo ha sido consecuencia de las reiteradas negativas de la sociedad anónima a buscar una solución y que negó en 2010 el acceso a sus instalaciones a técnicos de la Administración.
Por este motivo, la Seguridad Social solicitó autorización judicial para acceder a las dependencias y embargar los bienes, «en cumplimiento del artículo 102 del Reglamento» y el 23 de enero de 2012, el Juzgado competente autorizó el embargo concediendo un mes para la entrada al centro de los agentes judiciales.
Este plazo se cumplía el jueves, ha explicado, al tiempo que han asegurado que «tanto los trabajadores como el administrador de la empresa estaban en preaviso de que se agotaba el plazo legal y convinieron en evitar el desconcierto entre los usuarios, que supuestamente iban a ser informados de estas novedades».
Después de que el viernes se suspendiera la retirada de los bienes y regresara todo el material del depósito de Coslada a donde se había llevado, los profesores celebraban «contentos» esta decisión porque el lunes podrían volver a las clases con su propio material –habían alquilado ya muebles por si acaso–.
Finalmente, el alquiler se anuló y han pasado todo el fin de semana trabajando para recolocar cada mueble en su sitio. Es por esto que el director técnico del centro, Manuel Díaz, reconociera que aunque se volviese a las clases, se tardaría un día o dos en recuperar la total normalidad.
Estrella Digital/EP