El magistrado José Ramón Soriano interrogará este martes en calidad de testigos a los que fueran secretario de Estado de Transportes y jefe de gabinete del ministerio de Fomento durante el mandato de José Blanco, a quien investiga por su supuesta implicación en delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con la «operación Campeón» contra una presunta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas.
Se trata del exsecretario de Estado Isaias Taboas Suárez y el que fuera jefe de Gabinete del ministro Javier Hurtado Domínguez. Ambos fueron mencionados por el propio Blanco en su declaración del pasado día 26 ante el alto tribunal como las personas con las que se puso en contacto tras ser inquirido por el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, en relación con la marcha de permisos para sus actividades empresariales.
En dicha ocasión, Blanco reconoció ante el instructor Soriano que en una ocasión preguntó a su jefe de gabinete sobre el estado de un expediente relacionado con la ampliación de infraestructuras de Azkar y la creación de 400 puestos de trabajo. Su colaborador le informó que la media de tramitación era de 3 o 4 meses y éste llevaba seis meses sin informe en contra y sin objeción administrativa «y que en 15 días lo resolvería».
En este punto, el exministro de Fomento justificó su conducta porque «la responsabilidad de un administrador público es agilizar los procesos y facilitar sobre todo cuando se trata de crear empleos».
Además, Blanco también reconoció ante el Tribunal Supremo que Orozco le preguntó sobre la agilización de unas licencias para construir una nave en Santo Boi (Barcelona), cercana al aeropuerto de El Prat, y que él se lo trasladó al secretario de Estado «y le consta que éste habló con el alcalde y posteriormente hubo una reunión en el que se aclararon los temas objeto de esa situación», aunque no dio instrucción alguna al secretario de Estado ni él habló con el primer edil.
Sobre este asunto, Blanco comentó ante el magistrado del Tribunal Supremo que «como ministro tenía mucho interés en acelerar las expropiaciones de ese aeropuerto porque tenía interés en comenzar las obras del aeropuerto cuanto antes».
En la exposición razonada que la jueza que investiga la trama en Lugo, Estela San José, remitió al Tribunal Supremo a finales del pasado año se señalaba que el exministro podría haber incurrido en posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. La magistrada basó dicha acusación, con el beneplácito de la Fiscalía, en la existencia de numerosos mensajes que Blanco se envió con Orozco sobre las licencias de una nave en Sant Boi (Barcelona).
En este contexto, el vicepresidente de Azkar reconoció este jueves ante el alto tribunal haber informado al exministro de una parcela cercana al aeropuerto de El Prat donde su empresa planeaba construir una plataforma logística.
Azkar no había logrado completar los trámites administrativos para conseguir la licencia de obras, que dependían del Ayuntamiento de Sant Boi, y así se lo dijo a Blanco, aunque Orozco puntualizó durante su declaración que no le pidió al ministro que hablara con el alcalde para que le arreglara este problema. No obstante, días después Orozco recibió una llamada Secretario de Estado de Transportes y tuvieron una reunión con el regidor, llegando a obtener la licencia.
Un día después está citado, aunque éste como imputado, el socio de Blanco en Andorra Xoxe Manuel Bazarra, que habría colaborado en una operación bancaria realizada por Dorribo en Andorra que, según los investigadores, estuvo dirigida a esconder el modo de obtención del dinero con el que el empresario farmacéutico pagó al ex ministro en la gasolinera.
Un informe pericial realizado por Hacienda y aportado a la causa señala que, junto con otras entregas de dinero, Dorribo realizó una transferencia por valor de 15.000 euros desde sus cuentas en Andorra a la cuenta de la sociedad Andorrana Salut D’Innovació, «para poder levantar la quiebra que pesaba sobre la farmacéutica Elisa Muxel Mollins, en cumplimiento del contrato firmado por ella». También realizó diferentes pagos en efectivo a su colaborador Xoan Bazarra para que los ingresara en dicha sociedad.
No obstante, y según los peritos de Hacienda, la operación fue «ajena e independiente del supuesto pago efectuado en España, según su declaración (del empresario ante la juez de Lugo), que de ser cierta supondría que Jorge Dorribo Guide, además de los fondos entregados Xoan Bazarra (…) y que ascendían en esas fechas a 226.000 euros, contaba con otros fondos en efectivo adicionales para poder realizar el supuesto pago a Blanco en la gasolinera de Guitiriz (Lugo).