El PP espera al menos el respaldo de UPyD y del Foro Asturias para aprobar este martes en el Pleno del Congreso el techo de gasto y los objetivos de déficit para las administraciones públicas marcados por el Gobierno para el año 2012, primer paso para los Presupuestos Generales que el Gobierno quiere presentar el día 30.
El Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas un techo de gasto no financiero de 118.565 millones de euros para este ejercicio, lo que representa un descenso del 4,7 por ciento. Además, el Ejecutivo también precisó que el límite de déficit en 2012 será del 5,8 por ciento –casi un punto y medio más que el autorizado por Bruselas–, con objetivos del 4 por ciento para el Estado, del 1,5 por ciento para las comunidades autónomas, del 0,3 por ciento para los ayuntamientos y del cero por ciento para la Seguridad Social.
Así, las obligaciones de pago de ejercicios anteriores se elevarán a 2.270 millones de euros, mientras que la previsión de ingresos se sitúa en 119.233 millones de euros, menos que en 2011 pese a la subida del IRPF y del IBI aprobada por el Ejecutivo para este ejercicio.
La financiación a las administraciones territoriales a través del presupuesto de gasto alcanzará los 36.884 millones de euros y los ministerios tendrán 57.978 millones de euros a su disposición, un 12,5 por ciento menos.
Tras el visto bueno del Congreso, el techo de gasto se remitirá al Senado para su aprobación, prevista para el miércoles. Con este trámite se dará el primer paso para la aprobación de las cuentas públicas de este ejercicio, que el Ejecutivo prevé sacar adelante el próximo 30 de marzo, viernes de Dolores.
A priori, sólo UPyD ha adelantado su respaldo al techo de gasto anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy, recordando que llevaban tiempo pidiendo al Ejecutivo previsiones realistas distintas de las comprometidas con la Unión Europea. Será un «voto de confianza» al Gobierno, según explicó Rosa Díez. También el Foro Asturias o incluso UPN podrían acabar apoyando al Gobierno.
Recortes
Por su parte, los socialistas aplaudirán la decisión del Gobierno de flexibilizar los objetivos de déficit a la luz de los cambios en las previsiones económicas, una postura que llevan defendiendo desde el verano, aunque también reprocharán al presidente Mariano Rajoy su decisión de ser más permisivo con la Administración General del Estado que con las autonomías.
Y es que, el PSOE teme que el esfuerzo al que se obligará a los gobiernos regionales para reducir su déficit hasta el 1,5 por ciento ponga en peligro los servicios públicos esenciales que prestan en materia de educación, sanidad, dependencia y servicios sociales.
Desde CiU se ha respaldado el objetivo global del déficit pero se ha criticado por «injusto, arbitrario y desproporcionado» el reparto entre administraciones, pues han advertido de que su cumplimiento será «letal» para las comunidades autónomas. De hecho, los nacionalistas catalanes no han garantizado su apoyo al techo de gasto hasta ver si se permite una mayor flexibilidad a las autonomías, especialmente a las que ya han comenzado a aplicar reformas, como Cataluña.
Ayuda a las Comunidades
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha prometido que el Gobierno «ayudará a las comunidades autónomas» a alcanzar los «ambiciosos» objetivos de déficit de este ejercicio. «Haré cuanto esté en mis manos para resolver los problemas de todos, pero todos tendrán que poner de su parte», añadió el presidente Mariano Rajoy en el Senado.
Transparencia de instituciones
El Congreso debate este martes la primera proposición de ley de esta legislatura a instancias del PSOE, que pedirá aumentar la transparencia y regular el acceso a la información pública, adelantándose así a la promesa del Gobierno de Mariano Rajoy de presentar una norma en este sentido a finales de marzo.
Si bien el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero prometió en su día impulsar la citada ley, ésta nunca llegó a ver la luz. Ya en la oposición, el pasado mes de diciembre, los socialistas registraron una propuesta en este sentido que será debatida este martes para su toma en consideración.
De esta forma, el Grupo Socialista consigue anticiparse a la pretensión del Gobierno ‘popular’, anunciada por su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de que la prometida Ley de Transparencia y Buen Gobierno llegue a finales de este mes al Consejo de Ministros para que la norma esté aprobada antes del verano.
Los socialistas dejan claro que su iniciativa pretende completar «una tarea pendiente», la de la configuración legal del derecho de acceso a la información pública, porque, según arguyen, la transparencia constituye «una eficaz salvaguarda» frente a la mala administración que posibilita a los ciudadanos «conocer mejor y vigilar» la prestación de servicios y el empleo de los recursos públicos.
Poderes públicos
Pero, además, según apuntan en la proposición de ley estimula a los poderes públicos a funcionar de un modo «eficiente». «Un Gobierno transparente es, por ello, un Gobierno que pretende rendir un mejor servicio a la sociedad», enfatizan.
Así, la propuesta del PSOE busca mejorar la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con el fin de facilitar el derecho de acceso a los documentos relacionados con procedimientos terminados y archivados y que su consulta no dependa en la práctica de una decisión discrecional de la Administración.
Los socialistas pretenden conjugar las exigencias del principio de transparencia con el debido respeto del derecho a la protección de datos personales.
Para ello, plantean cerrar el acceso a la información pública que contiene datos especialmente protegidos -salvo que el afectado lo consienta expresamente-, pero a la vez disponen, como regla general, la apertura del acceso a aquellas informaciones que, aun conteniendo datos personales, estén directamente vinculadas con la organización, funcionamiento y actividad públicas.
También podrá accederse a aquellas informaciones que contengan datos personales no especialmente protegidos ni relativos a la vida privada, pero cuya divulgación no perjudique ningún derecho constitucional del afectado.
Estrella Digital/EP