«La privatización es un disparate sin justificar», dice el socialista Cascallana. Asegura que la CAM argumenta que es por motivos económicos, pero el Canal tuvo 110 millones de euros de beneficios el pasado año.
«El beneficio económico está reñido con la calidad de nuestras aguas, -comenta el asambleario-. El dinero no es justificación porque tiene beneficio y la calidad del servicio será mejor en una empresa pública que privada. Así que tampoco tiene justificación».
Para Cascallana, la única justificación para la privatización es «dar a ganar a un amigo o a una empresa cercana».
Por el momento, tanto la Asamblea de Madrid como el consejo de Administración del Canal aún están esperando que González comparta con ellos los informes que la Comunidad encargó a Cuatrecasas, BBVA, Concinsa y Rothschild sobre la valoración para la venta del CYII.
La empresa pública del agua aprobó el pasado 29 de marzo de 2010 la contratación de estas cuatro empresas por 1.144.235 euros. El canal encargó a BBVA dos informes; uno sobre el asesoramiento financiero y otro sobre los servicios de consultoría y valoración de acciones. A Concinsa, un documento para el asesoramiento sobre los bienes patrimoniales; a Rothschild, sobre el contenido económico, y Cuatrecasas haría el asesoramiento legal. Los estudios fueron entregados como muy tarde en septiembre de 2010 según disponía el contrato. Pero aún nadie los ha visto.
«Los resultados ya han debido ser entregados pero el Consejo de Administración del CYII pide la documentación y se la deniegan», cuenta Enrique Cascallana. Según la Comunidad madrileña, sólo ella puede tener acceso a esa información pagada con dinero público.
«Puede ser de pocas palabras pero no tiene otra salida que acudir«
El socialista Enrique Cascallana asegura a ESTRELLA DIGITAL que su partido formalizará entre este jueves y este viernes la petición para que Ignacio González comparezca en la Asamblea de Madrid. El vicepresidente, siempre mezclado en escándalos y aclarando más bien poco, se negó en un primer momento a dar explicaciones tras la petición propia que hizo Tomás Gómez. Pero en unos días no le quedará otra que informar sobre la denuncia por supuesto delito de malversación de fondos en el CYII y por el piso que investiga la policía en Guadalmina.
Para los socialistas, la callada por respuesta a la que están acostumbrados no significa otra cosa que la «autoinculpación». Llevan desde el año 2004 detrás de él para que explique el polémico caso de la venta de una parcela municipal de Arganda del Rey, la 124, a Martinsa, por un valor por debajo del real. Ginés González, exalcalde de Arganda, ya dijo que fue González «y no otro» quien le había dado instrucciones de cómo adjudicar la parcela. Sin embargo este martes el vicepresidente decía que si alguien tenía «alguna prueba o algún informe al respecto» que lo pusiera «encima de la mesa». Tampoco se preocupaba en aclarar mucho más.
El grupo socialista también se quedó con las ganas de que contara la polémica adjudicación del campo de golf a la empresa de su cuñado, Juan José Caballero. Empresa que no tenía ninguna experiencia en el sector. Aunque finalmente y con el campo de golf construido, en febrero de 2010, el TSJM anuló la decisión -«por ilegal»- de la creación de este campo y las pistas de pádel. González siempre negó que hubiera irregularidades en la gestión.
«Puede ser de pocas palabras pero no tiene otra salida que acudir al pleno de la Asamblea para aclarar el tema», dice Enrique Cascallana respecto a las últimas informaciones aparecidas sobre él.
Eva Díaz