La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza y ha impuesto una fianza de 2,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil al exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que ha asegurado que ha destinado cerca de un millón de euros de las ayudas recibidas a comprar cocaína.
La decisión de la magistrada, que se ha dado a conocer pasadas las 2,00 horas de este miércoles, se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones –PP, Junta y Manos Limpias– solicitaran el ingreso en la cárcel de Juan Francisco Trujillo, argumentando para ello el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos, pues sólo por el delito de malversación podría ser condenado hasta a 12 años de cárcel, y la posibilidad de que pueda entorpercer el curso de la investigación.
La magistrada imputa al exchófer un total de once delitos, como son sendos delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, así como tres delitos de falsedad en documento oficial, otros tres de obtención indebida de subvenciones, y un último delito de falsedad en documento mercantil.