Podría parecer evidente, que en un país democrático como el nuestro, con una de las principales economías de Europa (por lo menos hasta que la crisis nos sacudió con fuerza), y miembro de un club en el que la mayoría de sus socios ya han hecho los deberes en transparencia, cualquier ciudadano debería de poder acceder de una manera fácil y sencilla a información tan básica y necesaria en democracia como es el cuánto, el quién y el cómo se gasta el dinero público. Pues bien, nada más lejos de la realidad.
En España, hasta el momento, consultar las cuentas públicas era una verdadera odisea. Tal es así, que muchos expertos coinciden en que escándalos tan graves, y que tanto han minado la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, como es el ‘caso Palma Arena’, el ‘caso Gürtel’ o los EREs andaluces, muy probablemente no se hubieran producido, si todos los gestores hubieran estado obligados por ley a dar cuenta, céntimo a céntimo, del tratamiento que se hacía del dinero de todos los españoles. Está claro que el secretismo y la opacidad en las cuentas públicas; así como la falta de transparencia en contrataciones, sueldos y subvenciones, acaban corrompiendo. Y éste es el principal motivo por el que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido coger el testigo del anterior Ejecutivo y dar luz verde, finalmente, al anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que Zapatero ya ultimó, pero que nunca se atrevió a aprobar.
Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado una norma con la que el Ejecutivo pretende abrir las puertas de la administración y de la gestión estatal a los ciudadanos, por lo menos desde un punto de vista informativo. «El principal objeto de esta normativa es mejorar la credibilidad y la confianza en las administraciones públicas y en la democracia», ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial. Con este anteproyecto de ley, que se hará público este lunes y que aún tardará unos meses en entrar en vigor, Rajoy cumple -antes de celebrar los 100 días en el poder- con una de sus principales promesas electorales.
Tanto los escándalos sobre corrupción, como también la importante desviación presupuestaria de España en 2011 -de más de 2,5 puntos-, parecen haber obligado al presidente Rajoy a tomar cartas en el asunto. «Esta ley trata de evitar que alguna Administración diga que cumple el 6% de déficit y acabe dejando el país en un 8%», ha aseverado la vicepresidenta, en clara alusión al traspaso de poderes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que tan criticado ha sido por los ‘populares’.
Es precisamente sobre estos «malos gestores» sobre los que esta normativa pretende actuar. Según ha informado la portavoz gubernamental, todos aquellos responsables del dinero público que «oculten» o «falseen» datos contables podrán enfrentarse a 10 años de inhabilitación y una multa. «Esta ley refuerza la transparencia de las administraciones públicas, busca laminar compartimentos opacos e impone férreas obligaciones de buen gobierno», ha insistido en varias ocasiones Sáenz de Santamaría, que también ha confirmado que afectará a todas las administraciones.
La triste realidad es que éramos el único país de la Unión Europea (con más de un millón de habitantes) que no tenía una normativa de estas características. Un código de «buena conducta» con el que se pretende reforzar las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones, y a través del cual, cada ministerio y cada dirección general tendrá la obligación de informar sobre los contratos adjudicados, el importe de dichas adjudicaciones, el procedimiento, el adjudicatario, las modificaciones pertinetes que se hagan al respecto y los precios del contrato.
Hasta la fecha, ninguno de estos datos era secreto en nuestro país, pero lo cierto es que sí era farragosa y complicada la manera de localizar la información que se publicaba a este respecto. Por este motivo, el Gobierno abrirá una página web centralizada, e inspirada en las que ya tiene operativas EEUU, a través de la cual se podrán consultar todos aquellos datos contables que el usuario considere de interés. La vicepresidenta lo ha bautizado como el «portal de la transparencia» y ha asegurado que estará operativo «lo más rápido posible». Sáenz de Santamaría ha descartado que pueda estar lista para debatirse en las próximas sesiones plenarias, pero sí ha insistido en la «urgencia» que tiene el Gobierno de Rajoy en ponerla en marcha. Por el momento, el Ejecutivo abrirá a partir de este lunes un plazo de quince días naturales para que los ciudadanos hagan las aportaciones que consideren oportunas. Tras este plazo, el Consejo de Ministros debatirá y analizará estas propuestas e incluirá en el texto definitivo aquellas que considere pertinentes. A continuación, se presentará en el Congreso de los Diputados para que sea debatido. Y a partir de aquí, el Gobierno ya no puede estimar el tiempo que tardará en ponerse en vigor, aunque la portavoz sí ha considerado que junio es un «plazo excesivamente corto».
Asimismo, este anteproyecto de ley también fija un «primer paso» hacia la instauración de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas. Por el momento, estos baremos no se extrapolarán a los presidentes y altos cargos autonómicos.
¿A qué obliga esta nueva Ley?
Probablemente aún haya muchos ciudadanos que no sepan el significado concreto de esta Ley, ni tampoco la utilidad que podrán hacer de ella. Pues bien, el resumen podría ser el siguiente: a partir del momento en el que esta nueva normativa entre en vigor, todos los ciudadanos tendremos derecho a saber en qué y cómo gasta el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos nuestro dinero.
Sobre la información que comenzará a hacerse pública en el «portal de transparencia», o en las webs que las distintas administraciones comiencen a habilitar para tal fin, es conveniente destacar dos claves. En primer lugar, en estas páginas -y sin necesidad de que nadie lo pida- quedará reflejada toda la información referida a contrataciones, subvenciones y sueldos. Según Sáenz de Santamaría, todas las Administraciones públicas deberán suministrar información sobre los contratos ajdudicados, lo que incluye su objeto, el importe, el procedimiento de adjudicación y el adjudicatario. Y en segundo lugar, los ciudadanos -ejerciendo su derecho a la información- también podrán solicitar información sobre algún dato que quieran conocer y que no se haya incluido en las páginas institucionales. Aunque obviamente existen límites. Es decir, las peticiones de información -tal y como ha aclarado la vicepresidenta del Gobierno- quedarán sujetas al respeto de los límites previstos en la Constitución y en los convenios internacionales para salvaguardar datos de carácter personal o de seguridad pública.
Ahora bien, ¿qué ocurre si los gestores no cumplen?
Esta ley prevé un código de buen gobierno con rango legal que incluye principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones para constituirse como obligaciones de cumplimiento legal. Es decir, su incumplimiento acarreará sanciones. No de cárcel, pero sí podría suponer la inhabilitación, el pago de una multa, o la prohibición de volver a ocupar un cargo público durante un periodo comprendido entre los cinco y los diez años a todos aquellos «malos gestores» que cometan infracciones graves o muy graves.
Tal y como ha explicado la número dos de Rajoy, se fijarán como conductas muy graves la autorización de compromiso de gastos sin fondos, el incumplimiento deliberado de reducir la deuda pública o no formular los planes de ajuste requeridos en cada momento. Estas infracciones «podrán llevar aparejada la destitución de los cargos públicos y la imposibilidad de poder volver a ser nombrados durante un periodo entre cinco y diez años». Igualmente, «las conductas de verdadero falseamiento u ocultación de datos serán constitutivas de delito», pudiendo ser «sancionadas y penadas con inhabilitación de hasta 10 años».
No obstante, una de las cuestiones que más nos ha preocupado a los periodistas que este viernes hemos asistido a la habitual comparecencia de la vicepresidenta era su regulación. Está muy bien sancionar a los gestores que «oculten información», ¿pero quién determinará que eso efectivamente es así? La portavoz gubernamental ha dicho que el Ejecutivo traspasará el control de todas estas actuaciones a la agencia de calidad de los servicios, que a partir de ahora se denominará Agencia de Transparencia. Y que por lo tanto, éste será el órgano encargado de resolver las reclamaciones que los ciudadanos realicen en caso de que la Administración no le facilite la información que solicita.