Dos meses y medio después de que un jurado absolviese a Francisco Camps y su antiguo número dos en el PP, Ricardo Costa, en el llamado ‘caso de los trajes’, un nuevo informe policial viene a reforzar la tesis de que los regalos, si existieron, fueron sólo la punta del iceberg. Fechado el pasado 28 de marzo y ya en poder del Tribunal Superior valenciano (TSJCV), el informe subraya la existencia de una “vinculación directa” de la red ‘Gürtel’ “con los responsables políticos” del PP valenciano.
Según el informe, Ricardo Costa desempeñaba junto con el exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el papel de interlocutor de la trama para sus manejos financieros con el partido. Informes previos de la Policía y Hacienda cifran en 2,5 millones lo que el PP ocultó a Hacienda en las campañas de 2007 con ayuda del PP. Y sostienen que ocho empresarios minoraron la deuda del partido con la trama abonando facturas falsas por 890.000 euros entre 2007 y 2008.
La simbiosis entre la ‘Gürtel’ y el PP fue tal, según la Policía, que el considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, conocía el plan para montar en 2006 un partido que restase votos al PSOE. Basándose en las anotaciones de la agenda de Crespo, la Policía infiere que se trata del Partido Social Demócrata.
Siglas delatoras
El nombre de Ricardo Costa, exsecretario general del partido con Camps, aún hoy portavoz de Economía de su grupo parlamentario en Les Corts y ya imputado en esta nueva pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano, recorre el informe como el del principal interlocutor de la trama corrupta en el equipo de Camps. El exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla aparece también como una figura destacada en las negociaciones con el grupo de Correa.
La Policía mantiene que el “RC” anotado en los estadillos de la trama es Ricardo Costa. Y “VR”, Vicente Rambla. Las conversaciones intervenidas cimentan la sospecha de la Brigada de Blanqueo, que alcanza una conclusión sobre el reparto de tareas en 2007 y 2008, bienio electoral por partida triple: autonómicas y locales el primer año y generales, el segundo. Costa, dice el informe, gestionaba los pagos a Orange Market por actos del partido y Rambla, coordinador electoral entonces, los directamente electorales. El partido saldaba sus deudas mediante un sistema mixto: una parte se pagaba en A (“Alicante”, según la terminología de la red) y otra en B (“Barcelona”).
El nuevo informe vuelve a implicar en los manejos con ‘Gürtel’ a otros dirigentes como el exvicepresidente Víctor Campos, ahora retirado, o David Serra y Yolanda García, a quienes la web del PP valenciano sigue presentando como vicesecretario de organización y tesorera, respectivamente. Pero surge otro nombre al que la Policía otorga relevancia: “También resalta el papel de Pedro García [director de Canal 9 hasta agosto de 2009] en las actividades de la organización como persona que habla con los responsables políticos”.
Al pronunciarse así, la Policía pone el dedo en la llaga de una instrucción troceada y, por tanto, sin unidad de criterio procesal. Bajo el argumento de que ningún aforado estaba involucrado, el TSJCV decidió que la investigación sobre el contrato de seis millones otorgado por Canal 9 para la visita del Papa a Valencia en 2006 recayese sobre la Audiencia Nacional. García declarará allí como imputado el 8 de mayo.
En teoría, la Audiencia investiga el tronco central del sumario pero el eje de gravedad se ha desplazado hacia el País Valencià, el territorio donde más dinero público logró la red corrupta -14 millones- y donde el PP asume mayores riesgos penales. En esta pieza sobre financiación ilegal, Costa está citado como imputado por el TSJCV para el próximo 25 de mayo. Y Rambla, el 29.