La asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’ ha respondido este miércoles a través de un comunicado al abogado de la monja María Gómez Valbuena, única imputada hasta la fecha por un caso de bebés robados en España, quien había pedido el archivo de la causa.
El letrado José María Calero Martínez ha interpuesto un recurso de apelación contra la imputación de Sor María por detención ilegal y falsedad documental ante la Audiencia Provincial de Madrid, por considerar que la causa que se sigue contra ella ha prescrito y, también, porque la adopción de Pilar Alcalde, hija de la denunciante María Luisa Torres, se realizó en 1982 “bajo la dependencia y alta supervisión de las autoridades sanitarias, administrativas y judiciales”.
Aunque ‘Todos los niños robados son también mis niños’ considera legítimo el derecho constitucional de la religiosa a la defensa, denuncia que su abogado ha pretendido un eco favorable en la opinión pública y que los argumentos del recurso faltan a la verdad.
La asociación de la familia Luque Delgado cree firmemente en las afirmaciones de María Luisa Torres y rechaza que los delitos que se le imputan a Sor María estén prescritos.
“Actualmente el artículo 132 del código penal establece que en aquellos casos de delito de detención ilegal, cuándo la víctima sea menor, la prescripción sería de 15 años y se inicia desde el momento en que la víctima adquiere la mayoría de edad. Es decir, que si a los 18 años de Pilar se les suman los 15 del plazo prescriptivo, se alcanza un total de 33 años que aún no han transcurrido. El texto de este artículo desmonta las declaraciones públicas realizadas por el abogado de sor Maria que defiende el archivo de las actuaciones judiciales por prescripción», señala en el comunicado. Sin embargo, para Todos los niños robados son también mis niños el texto es «más que insuficiente y dejaría impune muchísimos otros casos de esta trama de tráfico de bebés».
Esta asociación manifiesta el «deseo y la exigencia de que estos delitos no prescriban en absoluto ya que los culpables de estos terribles sucesos, que tarde o temprano saldrán a la luz, no deberían jamás descansar tranquilos a pesar del tiempo transcurrido y es necesario que paguen por las infamias cometidas, se cometieran cuando se cometieran”.
Cuestiona los cauces legales de la adopción
En cuanto a que la adopción contó con las garantías que le prestaba la participación y supervisión de las autoridades sanitarias, administrativas y judiciales, la asociación cita parte del preámbulo-exposición de motivos de la Ley 21/1987 que modificó artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. Decía el Parlamento años después del robo de Pilar: “Se acusaba, sobre todo, en la legislación anterior una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción, necesario si se quiere que ésta responda a su verdadera finalidad social de protección a los menores privados de una vida familiar normal. Esta ausencia de control permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños, denunciado en los medios de comunicación….”
«Si los Diputados y Senadores de forma mayoritaria vieron necesaria modificar la legislación sobre adopción porque permitía, entre otros horrores, el odioso tráfico de niños, está claro que el control al que se tuvo que enfrentar Sor María Gómez Valbuena para arrebatar una hija a su madre carecía de cualquier eficacia», opina ‘Todos los niños robados son también mis niños’.
Además, la asociación recuerda que la tramitación del procedimiento contra Sor María Gómez Valbuena es uno de los hitos que se está consiguiendo con el permanente esfuerzo y movilización de las víctimas, y por todo ello considera que debe seguir hasta el total esclarecimiento de los hechos.
Para más información contacte con:
Soledad Luque Delgado, Presidenta de la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’.
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Samuel Jiménez