El TSJM ha comunicado a la Comunidad de Madrid que admite a trámite el recurso contencioso administrativo contra la adjudicación de Las Ventas. ESTRELLA DIGITAL ya lo avisó el pasado día 1 de abril. La UTE de Tomás Entero acudía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para recurrir la adjudicación de la Plaza de Toros madrileña a la empresa Taurodelta. ¿Hubo tongo por parte de la Comunidad de Madrid en la concesión? Esa es la pregunta que tiene ahora que responder la magistrada Fátima Araña.

La Vicepresidencia y Consejería de Cultura sacaba a concurso el pasado mes de noviembre  el coso madrileño bajo un Pliego de condiciones que parecía hecho a medida para la empresa de Martínez Uranga. A diferencia de otros años, exigía experiencia en dos plazas de toros de primera categoría. Tomás Entero tuvo que unirse con el luso Rui Bento para poder así contar también con la gestión de la plaza de Lisboa. La empresa de Martínez Uranga se presentó como gestora de Las Ventas y del coso de Zaragoza, plaza que Entero denunció que estaba subcontratada al empresario Ignacio Zorita y que por tanto no gestiona Taurodelta.

Así, Vicepresidencia de Madrid, con Ignacio González a la cabeza, adjudicó la plaza a una empresa con una deuda de 4 millones de euros y que en esos momentos estaba sumergida en una solicitud de concurso de acreedores –fue desestimada el 20 de abril- en el Juzgado Mercantil de San Sebastián. A pesar de que uno de los requisitos del pliego de contratación exigía solvencia económica y financiera, Ignacio González aseguró a ESTRELLA DIGITAL que si la Mesa de Negociación lo había visto así no se iba a debatir. Ésta fue la única respuesta de la Comunidad al asunto porque la Mesa nunca se pronunció al respecto.

La Mesa rechazó la oferta de Entero por “falta de capacidad de obrar”

Aunque la oferta de Entero era más jugosa, ofrecía 3.300.000 euros de canon anual a pesar de que el Pliego exigiera 2.300.000 euros, la Mesa de Contratación argumentó “falta de capacidad de obrar”. La Comunidad alegó que la empresa de seguridad ARIETE (una de las que formaba la UTE) no tenía como objeto social nada relacionado con la gestión de una Plaza de Toros. Mientras que en el recurso, la UTE asegura que tal y como exige la Comunidad de Madrid, ARIETE puede proporcionar el servicio de vigilancia y seguridad de Las Ventas sin necesidad de subcontratarlo.

Aunque la UTE intentó revocar la adjudicación de Las Ventas a Taurodelta, la negativa constante de la Comunidad a sus réplicas le llevó a presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJM.