Al filo de las once de la noche, el salón de plenos de la Asamblea de Madrid volvió a llenarse de diputados. Regresaron a sus escaños casi todos aquéllos que estaban ausentes, -había que ver la celebración del Atlético de Madrid por ganar la Europa League-, y votaron. Decimos «casi todos» porque sólo había dos miembros del Consejo de Gobierno: Regina Plañiol, consejera de Presidencia y Justicia, y Percival Manglano, consejero de Economía y Hacienda. La mayoría, del PP, votó en contra. 67 diputados rechazaban debatir sobre la iniciativa legislativa municipal impulsada por ocho ayuntamientos que no quieren que se privatice el Canal de Isabel II. Entre ellos, no estaba Ignacio González, vicepresidente y presidente del Canal. A esa hora, ya había abandonado la Asamblea.
Horas antes de la votación, en el inicio del pleno, los miembros de la ‘Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II’ se concentraban a las puertas de la Asamblea para protestar. Ellos están en el mismo barco que los alcaldes que han secundado la iniciativa legislativa municipal e Izquierda Unida les ha puesto voz.
Izquierda Unida, denuncia presiones por parte del Gobierno regional para que los ayuntamientos firmen el convenio que haga posible la privatización. San Fernando de Henares, Leganés, Rivas-Vaciamadrid, Casrrubuelos, Colmenarejo, Fuenlabrada, Getafe y Coslada son los municipios que suscriben esta iniciativa y estaban presenten en el salón de plenos. Antes de que se votara la iniciativa, Ignacio González negaba la existencia de esas presiones.
Excepto el Partido Popular, ninguno de los grupos está de acuerdo con que el 49% de la empresa pública que gestiona el agua de la Comunidad salga al mercado. «El PP y el Gobierno de Aguirre se han quedado solos», dice Amparo Valcarce, diputada del PSM. El principal grupo de la oposición no ve «ninguna necesidad» de cambiar el modelo de gestión. Se trata de una «empresa saneada». Además, los socialistas exigen conocer los informes por los que el Gobierno regional ha pagado 1,2 millones de euros a distintas consultoras y que no se han publicado. Esos informes aconsejan la privatización. Ignacio González no los ha dado a conocer. Así que Valcarce habla de «procedimiento oscuro, de espaldas al parlamento».
Los socialistas ven muchos puntos negros en la privatización. Durante la intervención de Valcarce en el pleno, le ha preguntado a González si va a sacar a Bolsa la venta del Canal y si habrá control público. Es más, está segura de que empeorará la calidad del servicio y «habrá tarifazo del agua». Valcarce lo calificó de precipitado, innecesario e inconstitucional.
Para Izquierda Unida, no hay justificaciones ni desde el punto de vista económico ni social y UPyD cree que el Gobierno no ha sido nada claro en sus explicaciones para llevar a cabo la liberalización.
Razones para privatizar
La voz a favor de la privatización es la de González y el PP. El presidente del Canal de Isabel II defiende que la directiva marco del agua de la Unión Europa obligará a unas necesidades de inversión de más de 2.300 millones. Y las posibilidades para ello serían, según ha explicado, incrementar las tarifas, aumentar el endeudamiento o captar recursos al mercado privado, «que es la forma más razonable porque la Comunidad sigue manteniendo la gestión y no penalizamos a los ciudadanos». González insiste en que se sacará a mercado el 49% de la empresa, por lo que la Comunidad «no va a perder el control», reiteraba. Pero lo cierto es que esa idea no llega a cuajar entre los ciudadanos. Ni siquiera lo hace el asegurar que, según el proyecto de capitalización, el personal de la empresa pública se mantendrá con las mismas condiciones laborales y que no se venderán ni la Comunidad se deshará de sus recursos.
Fernando Lucas, miembro del comité de empresa del Canal de Isabel II lo tiene claro: «Lo que persiguen es hacer negocio y enriquecerse». Llevan casi dos años luchando para evitar que se privatice «el agua de todos los madrileños».
Cristina Rodríguez