Las asociaciones de la memoria histórica junto con juristas, como el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o la abogada Cristina Almeida, se desplazarán este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pedir que investigue las actividades extrajudiciales en las que participan los magistrados y si éstas son compatibles con sus cargos.
La abogada y exdiputada Cristina Almeida ha explicado que la delegación entregará al órgano de gobierno de los jueces dos escritos en los que insta a aclarar las relaciones entre los magistrados y entidades como bancos, cajas o despachos de abogados.
«Pedimos que se abra una investigación sobre la asistencia de magistrados a cursos organizados por bancos, cajas o grandes despachos de abogados, que a su vez son defensores de la Gürtel», ha añadido Almeida, que solicita aclarar si este aspecto influye en su parcialidad a la hora de dictar sentencia.
La plataforma Solidarios con Garzón ha suscrito sendos escritos en los que se pide investigar las subvenciones que reciben las organizaciones de jueces y magistrados, las percepciones que han recibido algunos de ellos por participar en cursos, lecciones magistrales y otras actividades financiadas por bancos, cajas de ahorro, empresas, despachos de abogados y fundaciones.
«Doble rasero»
El presidente de la Asociación para la Memoria Social y Democrática, Jaime Ruiz, también ha firmado la iniciativa relativa a los cursos, viajes y otras actividades en las que participan magistrados y reclama al Consejo que «clarifique» esas relaciones y «diga hasta donde, cómo y quien puede utilizar esa doble relación».
Ruiz ha destacado a Europa Press que la iniciativa tiene como objetivo solicitar al Poder Judicial que «tome cartas en el asunto y explique por qué con unos se utiliza un rasero de medir y con otros se tiene barra libre».
En este sentido, ha recordado que el Tribunal Supremo «no tuvo reparos en incluir una serie de opiniones» en la causa que finalmente archivó contra Baltasar Garzón por la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. «Pedimos que exista transparencia y se puedan saber las relaciones con entidades», ha concluido Ruiz.
Las asociaciones de la memoria histórica y Solidarios con Garzón avanzaron el pasado abril su intención de pedir al Consejo que abra una investigación sobre las actividades extrajudiciales de los magistrados del Tribunal Supremo y, especialmente, las financiadas por despachos de abogados que interponen recursos sobre los que deben resolver, como ocurrió con los letrados de la trama Gürtel que provocaron la inhabilitación de Baltasar Garzón.