«Atención. Se ha denegado el permiso para la ocupación de la plaza Tirso de Molina los días 13 y 14 de mayo». Con este mensaje comunicaban los miembros de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II a través de una cadena de email las últimas noticias que llegaban desde el Ayuntamiento madrileño.
Coincidiendo con el aniversario del 15M, la plataforma ciudadana que lucha contra la privatización del Canal pidió permiso a la Delegación del Gobierno en Madrid y al Ayuntamiento para poder ocupar la Plaza de Tirso de Molina dónde reivindicar el objetivo de la Comunidad de Madrid de privatizar el Canal, las instalaciones que dan servicio público para el saneamiento y distribución de agua a los ciudadanos.
Por el momento ocho ayuntamientos, cuatro del propio Partido Popular, tres de IU y uno del PSOE, se han negado a firmar el convenio expuesto por la CAM para adoptar esta privatización. Pero no son los únicos. Parte de la ciudadanía se niega. Aunque la Plataforma contra la privatización pide un referéndum público tipo Italia, aún no han conseguido su objetivo, algo difícil teniendo en cuenta que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea madrileña.
Así, lo único que han podido hacer para palpar el ambiente ciudadano es la recogida de firmas. El pasado 4 de marzo varios miembros de la Plataforma salieron a la calle en busca de las firmas ciudadanas y recogieron 166.000 firmes en contra de esta privatización.
La clase política además no entiende por qué el Gobierno de Aguirre quiere privatizar una empresa pública que funciona de manera envidiable y que obtiene beneficios. Advierten que la privatización de las instalaciones del agua podría suponer un “tarifazo” para los madrileños. Para evitar la repudia ciudadana, Ignacio González como publica ESTRELLA DIGITAL defendió este jueves de manera poco clara que la directiva marco del agua de la Unión Europa obligará a unas necesidades de inversión de más de 2.300 millones. Según contó, las posibilidades para ello serían incrementar las tarifas, aumentar el endeudamiento o captar recursos al mercado privado. Por tanto busca la escusa de la privatización en “no penalizar a los ciudadanos” en referencia a las tarifas. Aunque está por ver cómo afectará esa privatización a los precios del agua.
Eva Díaz