«La denuncia presentada por el sindicato policial no contiene los datos necesarios para sospechar la existencia de algún delito». Con este argumento informaba este viernes la Cadena SER de que la Fiscalía Anticorrupción había archivado la denuncia que el SUP presentó el pasado 24 de abril tras considerar que podrían haberse producido hechos delictivos en relación con el piso de Guadalmina por el origen del dinero y la ocultación de la identidad del propietario.
Tras la decisión de Anticorrupción, la respuesta del SUP no se ha hecho esperar: «Como quiera que es un asunto en el que hay implicadas empresas extranjeras, un político de la comunidad de Madrid y la vivienda está en Andalucía, remitiremos nuestros datos, además de a la Agencia Tributaria, a los respectivos parlamentos, y al mismo tiempo pedimos al Sr. Vicepresidente y a la presidenta de la Comunidad Madrid que aporten cuanta información y datos dispongan para llegar a conocer la identidad del propietario de la vivienda que tiene alquilada en Marbella para aclarar si estamos ante un acto delictivo grave que sería un robo contra la Hacienda pública».
Bajo una nota de prensa titulada «Persiguiendo delincuentes de cuello blanco», el sindicato policial se defiende de las acusaciones del diario ‘La Razón’ que señalan al SUP de vertir «inconscientes acusaciones». Así, el sindicato asegura que presentará denuncia con la información que remitió a la Fiscalía Anticorrupción ante el Ministerio de Hacienda (Agencia Tributaria) para que investigue si se ha producido algún delito fiscal por el propietario de la vivienda alquilada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y remitirá dicha información además al Congreso de los Diputados, Senado, y parlamentos autonómicos de Madrid y Andalucía, por si consideran que la opacidad respecto a quién ostenta la propiedad de la vivienda en cuestión puede significar que detrás hay alguna persona o empresa que ha estafado a todos los españoles incumpliendo nuestras normas tributarias y procede alguna investigación o actuación por su parte.
Además el sindicato recuerda que en la denuncia interpuesta ante Anticorrupción nunca se acusó a Ignacio González puesto que no aparecía su nombre, si no que denunció que se desconoce quién es el propietario de dicha vivienda, que no está registrada su compra en España ni ante ningún notario ni consta el pago de su precio (más de un millón de euros) ante ningún organismo. Eso, unido a que la empresa que cobra el alquiler de González, Coast Investors, llevaba 2 años sin actividad y volvió a activarse 48 horas después de la polémica, hacía sospechar que se estaba ante un caso flagrante de corrupción.