La investigación sobre los manejos económicos de Instituto Nóos con dinero público acaba de poner el foco sobre el Ayuntamiento de Valencia y el equipo de Rita Barberá, que hasta ahora se habían mantenido en un segundo plano, pese a que el propio duque de Palma aseguró que fue la alcaldesa valenciana quien dio “luz verde” en 2004 al convenio que reportó a su ONG 3,1 millones. El juez del caso ha dado una semana de plazo al vicealcalde valenciano y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, para que aporte documentación contable que acredite cómo se financió entre 2003 y 2007 la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FTVCB). Presidida por él mismo, la FTVCB desembolsó la mitad de los 3,1 millones de euros abonados entre 2004 y 2006 a Instituto Nóos por el convenio para organizar tres cumbres turístico-deportivas, las llamadas Valencia Summit.
En teoría, la FTVCB es una fundación privada y no pública pese a que el ayuntamiento figura en ella como socio y posee mayoría relativa de votos en su patronato. Pero si los estados de aprovisionamiento –que supuestamente deben existir- demostrasen que la fundación era pública de facto al ser pública su financiación básica, las cosas podrían empeorar para el vicealcalde, que el lunes declaró como testigo.
Lo sorprendente de este requerimiento, políticamente nocivo para Barberá, es que el juez lo formuló pero no a petición de la Fiscalía sino del abogado del imputado Jorge Vela. Y Vela, además de exdirector de Cacsa, la empresa pública de la Generalitat que financió el otro 50% de las Valencia Summit, era hasta ayer director del Instituto Valenciano de Finanzas. Imputado desde enero, Vela dimitió por la mañana arrastrado por otro cese formalmente voluntario, el del recién imputado Luis Lobón, hasta ahora número dos de la Conselleria de Turismo.
Los gestores de una entidad privada no pueden cometer prevaricación (adjudicar injustamente un contrato a dedo, por ejemplo) ni el de malversación. Son los rectores públicos los susceptibles de ser investigados por esos delitos. Lo anterior explica por qué en este caso hay cinco imputados que guardan relación con Cacsa –Vela y Lobón entre ellos- y ninguno vinculado a la FTVCB.
El juez pidió papeles a Grau el lunes al final de su declaración como testigo, en la que el edil señaló a la Generalitat como ideóloga de los convenios con el Instituto Nóos y presentó a Barberá como una actriz secundaria en esta historia de cumbres breves y pagos millonarios. Este miércoles, un portavoz del gobierno municipal valenciano aseguró que el vicealcalde entregará al juez todos los documentos solicitados.
El análisis de los estados contables de la FVTCB supone una amenaza política para Barberá: porque centra las miradas de los investigadores en la actuación de su número dos. Y en el PP muchos creen que Grau jamás daría un paso de tal envergadura –firmar un convenio millonario- a espaldas de la alcaldesa. Como diputada en Les Corts, Barberá goza de aforamiento y sólo puede ser investigada por el Tribunal Superior valenciano (TSJCV). Exactamente igual que Francisco Camps. Grau no tiene escaño y, por tanto, tampoco aforamiento.
En el supuesto hipotético de que la investigación arrojase indicios contra el expresident o la alcaldesa, el juez instructor del caso Nóos, José Castro, debería inhibirse a favor del TSJCV en lo relativo a los convenios suscritos por Nóos con administraciones valencianas.
En principio –pero el caso ya ha deparado varias sorpresas- no parece inminente una inhibición que trocee las pesquisas e impida la unidad de investigación como ya ocurrió en el ‘caso Gürtel’, cuyo cerrojazo intentó el TSJCV en agosto de 2009 bajo mandato de su anterior presidente.
Además de las dificultades inherentes a una instrucción fraccionada, aquí concurre una circunstancia adicional: la Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha apoyado, por ejemplo, que el arquitecto Santiago Calatrava siga imputado por cobrar del Govern balear 2,3 millones a cambio de un proyecto considerado fantasma, el de la Ópera de Palma. En Valencia, el ministerio público no vio en cambio delito en que Calatrava cobrase 15 millones de la Generalitat por otro proyecto fantasma, el de las Torres de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el recinto justamente gestionado justamente por Cacsa.
Además de los referidos a la contabilidad de la fundación, Grau deberá remitir al juez todas las propuestas que el Ayuntamiento recibió de terceros que buscaban financiación pública para eventos relacionados con la Copa América, cuya edición de 2007 sirvió de percha y coartada para las Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006. El magistrado exigió esta última documentación después de que Grau se jactase de que, amén del convenio auspiciado por Instituto Nóos, el ayuntamiento recibió “cientos de propuestas”.
Alicia Gutiérrez