El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con el voto favorable del PP y UPN, el decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo con el que el Gobierno pretende ahorrar hasta 3.000 millones de euros. PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Foro de Asturias han votado en contra y UPN ha pedido, a su vez, la tramitación como proyecto de ley.
Durante las respectivas intervenciones, la mayoría de los portavoces de la oposición han reprochado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que el texto normativo se haya tramitado por decreto, al tiempo que han censurado la «falta de diálogo» con los distintos sectores que forman la comunidad educativa, autonomías y universidades para aprobar estas medidas. Asimismo, han denunciado «invasión de competencias» autonómicas.
Las medidas de este texto, aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, contemplan un aumento de hasta el 20 por ciento de la ratio de alumnos por clase, establecer una parte lectiva de la jornada semanal del profesorado de como mínimo 25 horas en Infantil y Primaria y 20 horas en Secundaria, aplazar la implantación de los módulos de 2.000 horas de Formación Profesional hasta el curso 2014-2015.
Igualmente, se plantea suspender la obligatoriedad de ofertar todas las opciones de Bachillerato, anular la creación de nuevos complementos retributivos del profesorado y establecer que las bajas inferiores a los diez días lectivos sean cubiertas con los propios recursos del centro y no por interinos-
En materia universitaria, el decreto permite ampliar la horquilla que tendrán que pagar los alumnos por su puesto universitario y que irá desde el 15 por ciento hasta el 25 por ciento del coste de este puesto en las universidades públicas, lo que supone un incremento de hasta un 66 por ciento de las tasas. De esta forma, cada alumno podrá pagar hasta 540 euros más por la primera matrícula universitaria, a razón de 60 euros al mes.
Además, la horquilla se ampliará cada vez que el alumno suspenda una asignatura, de forma que se sitúa entre un 30 y un 40 por ciento para la segunda matrícula, entre un 65 y 75 por ciento para la tercera matrícula y entre un 90 y un 100 por cien en la cuarta matrícula. Para los maseteros no habilitantes, se plantea hasta un rango máximo del 50 por ciento.
«Medidas dolorosas»
Desde la tribuna del Congreso, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha defendido este decreto asegurando que el Gobierno pretende facilitar a las comunidades autónomas alcanzar el objetivo de déficit. «Se trata de medidas excepcionales para una situación excepcional», ha argumentado Wert, al tiempo que ha reconocido que se trata de medidas «dolorosas». «Estamos ante una situación más difícil de la prevista», ha añadido.
Wert ha reiterado que este decreto no es la reforma educativa del Gobierno, pero sí es un «requisito previo e indispensable» para que pueda llevarse a cabo. Asimismo, ha defendido que la reducción de recursos no implica una merma de la calidad del sistema y ha abogado por «invertir mejor», pues, a su juicio, el anterior Gobierno ha prestado atención «sólo» a aspectos cuantitativos frente a los resultados de la inversión realizada.
El titular de Educación ha insistido que la mayoría de estas medidas «difíciles» son temporales y ha asegurado que se retirarán cuando la situación económica mejore. Asimismo, ha señalado que no todas las comunidades cuentan con el mismo déficit y que, por tanto, no van a aplicar todas las medidas y el rango máximo de las mismas. «El 70 por ciento de las del gasto de las comunidades se corresponde a Sanidad y Educación. Así es imposible que acometan las exigencias del déficit», ha añadido.
Ante las críticas de los grupos por la «falta de diálogo» con la comunidad educativa, el titular de Educación ha defendido que convocó a las autonomías en la Conferencia General de Política Universitaria y la Conferencia Sectorial de Educación. No obstante, ha señalado que para la reforma educativa que prepara su departamento dialogará con los distintos sectores que conforman el sistema educativo, a diferencia del contenido de este decreto por considerarlo «condición indispensable».
La Universidad, para los buenos
«¿Qué tiene de malo que la universidad sea para los buenos? ¿Quiere que sigamos manteniendo una duración extrema de las carreras y una tasa de abandono en educación superior que supera la media de la OCDE?», ha preguntado el ministro al diputado del PSOE Mario Bedera, que ha censurado el cambio de criterios para el acceso a becas que, a su entender, hará que la universidad sea accesible «sólo a los muy buenos».
Para Wert, el sistema de becas universitarias requiere de una «reflexión importante». Según ha indicado, no son el resultado de un concurso, sino «un derecho no competitivo», al tiempo que ha defendido la subida de medio punto en la nota para acceder a una beca general hasta los 5,5 puntos. «No se trata de revolucionar el sistema de becas. Parece legítimo que cuando la sociedad hace un esfuerzo, también se pida un esfuerzo moderado y correlativo al estudiante», ha aseverado.