La Audiencia Nacional ha condenado a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, ‘Iosu’, y Óscar Celarain Ortiz, ‘Peio’, al considerar probado «sin ningún género de duda» que fueron los autores del atentado contra la casa-cuartal de Santa Pola (Alicante), que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002.
La sentencia, notificada este viernes, atribuye a los dos terroristas, para los que el fiscal pedía un total de 1.180 años de cárcel, el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57, así como otros 51 en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal obliga a los dos acusados, integrantes del ‘comando Argala’ de ETA, a indemnizar a los padres de la pequeña asesinada, que declararon durante el juicio, con 211.768 euros, así como con 75.539 a familia del hombre, que murió cuando se encontraba en una parada de autobús situada junto al acuartelamiento.
También establece indemnizaciones de más de nueve millones de euros al Estado y al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños causados en la casa-cuartel (6 millones), la cuantía de las ayudas que concedió a las víctimas (otros 2,5) y las que otorgó a los perjudicados por daños materiales (839.000 euros).
«Sin previo aviso»
Los magistrados Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado y Julio de Diego, que ha sido el ponente, consideran que Otegi y Celarain llevaron a cabo el atentado en el marco de la «campaña de verano» planificada por la banda terrorista, para lo cual colocaron un coche-bomba junto a la casa-cuartel y lo hicieron estallar «sin previo aviso».
Este hecho impidió que hubiera «posibilidad alguna de desalojar el acuartelamiento ni sus inmediaciones», según recalca la resolución judicial, que añade que el atentado se produjo «a una hora en la que los agentes residentes en las viviendas de la casa-cuartel se encontraban en ellas con sus familiares».
La resolución judicial detalla que para preparar el atentado los dos etarras se hospedaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto en el camping ‘Bahía’ de Santa Pola, situada a 400 metros del lugar del atentado y en el que se alojaron utilizando documentación falsa. Para sus desplazamientos, durante los cuales grabaron la casa-cuartel, los procesados alquilaron una motocicleta aunque también utilizaron bicicletas.
«Autocrítica» incautada a «Susper»
La principal prueba valorada por el tribunal es la «autocrítica» incautada al exjefe militar de ETA Ibon Fernández de Iradi, ‘Susper’, en la que Otegi reconocía la comisión de este atentado, que el fiscal Miguel Ángel Carballo calificó como parte de una «dramática y terrorífica peripecia» de acciones terroristas.
La detallada versión que escribieron en ese documento, elaborado para dar cuenta de sus actividades a la dirección de la banda terrorista, está corroborada por las declaraciones de una decena de testigos que los reconocieron, el hallazgo de una cinta con imágenes de la casa-cuartel atacada y croquis de las dependencias de la Guardia Civil de Elche y Torrevieja y el testimonio del presunto etarra Juan Carlos Besance, que reconoció que sacó los billetes a los acusados para trasladarse a Alicante.
Durante la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 22 de febrero, el fiscal consideró «un milagro» que el atentado no provocara «más víctimas mortales y heridos de mayor gravedad».
Testimonio de la madre
El testimonio más relevante del juicio fue el de la madre de la pequeña Silvia, Toñi Santiago, que llamó «asesinos cobardes e hijos de puta» a los dos acusados y pidió «justicia» para que su hija sea «la última» y no vuelva a haber «ningún otro niño asesinado por ETA». «¡Que ningún padre tenga que enterrar nunca a un hijo en manos de esta gente, por favor!», reclamó sollozando.
Otegi y Celarain, que están pendientes de sentencia por el atentado cometido el 22 de junio de 2002 frente al hotel Tamisa Golf de Mijas (Málaga), han sido condenados en Francia a ocho años de cárcel por asociación de malhechores, tenencia de armas y explosivos y uso de documentación falsa; a otros 50 años por el asesinato del edil de UPN en Leitza (Navarra) José Javier Múgica; y a 18 años y tres meses más por atentar el 21 de junio de 2002 en Marbella (Málaga).
En relación con el atentado contra el hotel Las Pirámides de Fuengirola (Málaga), que se produjo el mismo día, el tribunal absolvió a Celarain debido a que no se incorporó a la causa el DNI falso con su fotografía que éste habría utilizado para hospedarse en varios hoteles antes de cometer el atentado. A Otegi, sin embargo, el tribunal le impuso 110 años y medio de cárcel.
Estrella Digital/EP