La crisis ha devastado a los ayuntamientos que se encuentran con las arcas públicas prácticamente vacías. Los ajustes aplicados hasta ahora parece ser que no bastan y el déficit municipal asfixia las cuentas. La insuficiencia de ingresos es brutal y la capacidad recaudatoria ha caído estrepitosamente.
Según datos desprendidos de los planes de equilibrio financiero (PEF), las comunidades autónomas se enfrentan a una deuda de casi 36.000 millones de euros. Dicen que la crisis agudiza el ingenio y los consistorios, no han tardado en buscar soluciones y han decidido tocar lo intocable y declarar la batalla a la Iglesia.
Varios ayuntamientos de toda España, como el de Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes o Zamora, han tomado la iniciativa y a través de mociones presentadas en los plenos municipales, reclaman la tributación de los bienes inmobiliarios de la Iglesia Católica.
Estrella Digital ha tenido acceso a la que presentó el Grupo Socialista de Alcalá de Henares, que describe a la Iglesia Católica como “una de las mayores propietarias inmobiliarias del país” y afirman que “no solo siguen recibiendo íntegros millones de euros en ayudas del Estado, sino que se encuentra exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).” El argumento parece razonable, si todos recibimos una presión fiscal cada vez mayor, la Iglesia también debería contribuir. Pero por el momento es imposible.
La Iglesia Católica, goza de una protección fiscal con una base legal sólida e inquebrantable mediante tres vías diferentes: el Concordato Iglesia-Estado, la Ley de Mecenazgo y la Ley de Haciendas Locales. Todas ellas estipulan que la Institución está exenta de pagar el IBI.
Por su parte, Fernando Giménez, vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, se niega a referirse a la exención como un “régimen de privilegio” y lo describe como “un régimen que prevé el Estado para favorecer que haya instituciones que estén realizando cosas en favor de los demás”. Resalta también que la Iglesia no es la única, y que del amparo fiscal también se beneficia las “asociaciones de utilidad pública, las asociaciones deportivas, y el resto de las confesiones religiosas”. De todas formas, Giménez se mantiene firme porque “un ayuntamiento no tiene competencia para cobrar el IBI de una cosa que es una ley nacional”.
Y eso es lo que pretenden modificar los ayuntamientos, una idea que ha provocado un efecto dominó, porque cada día aumenta el número de grupos municipales que se suman a la iniciativa. El último en hacerlo ha sido el de Izquierda Unida en Camargo (Cantabria), que quiere acabar con los “privilegios medievales” de la Iglesia Católica.
Bien es cierto que hay otros que se niegan rotundamente, como por ejemplo el Ayuntamiento de Gijón o el de Madrid. La alcaldesa madrileña, Ana Botella, declaró que no cobraría el IBI “ni aunque se pudiera” y justifica su postura alegando que «tiene en consideración su función social, que en estos momentos de crisis se ha redoblado». Premisa que utiliza también la Conferencia Episcopal para defender la actividad de la Iglesia. A Fernando Giménez le consta que “muchas de las personas que van a los comedores de Cáritas y a los centros de atención son personas dirigidas y orientadas por los servicios sociales de los ayuntamientos”.
Pero Carlos García de Andoin, coordinador federal de cristianos socialistas, intenta desmonta la afirmación de Giménez porque asegura que Cáritas “solo recibe el 1% del presupuesto de la Iglesia”. La Institución se escuda en su labor social, sin duda importantísima, y los datos de Cáritas así lo justifican.
Pero es necesaria una aclaración: Cáritas recibe de la Iglesia Católica un 1,6% del total de su presupuesto. Respecto a la declaración del IRPF, la asociación no recibe ingresos de la casilla de la asignación tributaria a la Iglesia, sino de la correspondiente a Fines Sociales.
Además, la protección legal que justifica la exención de la Iglesia Católica se refiere a edificios destinados al culto, como por ejemplo los seminarios, locales parroquiales o templos, no a las propiedades privadas de los miembros de la Institución.
Carlos García de Andoin, recuerda que “antes había más curas, pero ahora hay menos” y declara que existen pisos “en los que antes vivían curas” y que ahora, la Iglesia “los tiene como propiedad inmobiliaria” pero que aun así “los alquilan”. Pero aun hay más “la Iglesia está exenta no solo del IBI sino también de las tasas de basura y de aguas, de forma generalizada”, afirma Carlos.
En definitiva y a pesar de que el Gobierno ha rechazado en el Congreso la proposición de los ayuntamientos, el debate social está abierto, ¿debe la Iglesia contribuir como los demás?
El planteamiento razonado y argumentado de los Ayuntamientos, apoyado por grupos políticos de ideologías opuestas, no es descabellado. Se reclama el pago del IBI a propiedades de la Iglesia que no se encuentran vinculadas al culto. Ante una situación económica que parece insostenible y teniendo en cuenta el patrimonio incalculable de la Institución, la pregunta es ¿deberían contribuir, más?