El cerco judicial para esclarecer quiénes y por qué ordenaron favorecer presuntamente con fondos públicos a Iñaki Urdangarin se va estrechando. Víctor Campos, vicepresidente de la Generalitat y mano derecha de Francisco Camps entre 2004 y 2007, declarará como testigo ante el juez del caso el próximo 13 de julio. ¿Por qué los investigadores quieren oír la versión de Campos, ya condenado en el llamado caso de los trajes y ahora retirado de la política? Por su relación directa con el convenio para los fallidos Juegos Europeos, el último de la rentable lista de acuerdos suscritos con la Generalitat valenciana por Instituto Nóos. Es decir, por la ONG del duque de Palma y su socio, Diego Torres, que en total se embolsó 3,5 millones procedentes de las arcas públicas valencianas.
La declaración de Campos fue acordada el jueves por el juez del caso, José Castro, en un auto por el que igualmente cita a otros exaltos cargos valencianos ya implicados penalmente en el sumario. Hay una segunda novedad en la resolución: el magistrado endosa la condición de imputado al empresario catalán Joaquim Boixareu, patrono de honor de la fundación empresarial catalana Femcat y que supuestamente aportó el dinero para constituir la última y más turbia ONG del tándem formado por Urdangarin y Torres, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS). Conectada a una empresa cuya matriz se localiza en el paraíso fiscal de Belice, esa fundación fue utilizada para sacar de España más de 400.000 euros. El dinero fue transferido por Instituto Nóos a una cuenta de Londres. Y ahora el juez lo busca en Suiza y Luxemburgo.
El auto del juez Castro inflige asimismo un nuevo varapalo a Jaume Matas al denegar todo lo que el expresident balear le había solicitado: para empezar, Matas quería que Castro dejase de investigar el caso Nóos bajo el argumento de que ninguna relación guarda esa pieza con la matriz del sumario Palma Arena. Castro no sólo se mantiene incólume en su decisión de continuar la instrucción sino que recuerda a Matas que ningún obstáculo puso en marzo de 2010 cuando, durante su maratoniana declaración, ya fue interrogado por los convenios con la ONG de Iñaki Urdangarin.
No será mero trámite
El hecho de que Campos declare como testigo le obliga a responder –con la verdad- a las preguntas del juez y el fiscal sin opción al silencio. Los restantes imputados y testigos convocados por el magistrado acudirán el 12 de junio. Sólo comparecerán el día siguiente Campos y la desde febrero imputada Isabel Vilallonga, quien como subsecretaria de la Presidencia de la Generalitat autorizó en 2006 un pago de 241.000 euros vinculado a los Juegos Europeos. Que el juez les haya reservado una jornada a ambos sugiere que su declaración no será de mero trámite.
Campos debe explicar qué sucedió con los Juegos Europeos, cuyo diseño fue encomendado a dedo a Instituto Nóos. Es decir, debe explicar por qué la Generalitat firmó en la víspera de la Nochebuena de 2005 un convenio con Instituto Nóos por el que se comprometía a pagar seis millones a la asociación.
Los Juegos no se celebraron. Y Nóos sólo cobró finalmente 382.000 euros de los seis millones prometidos. Pero los investigadores se han propuesto despejar varias incógnitas.
La más inmediata estriba en por qué Víctor Campos tuvo la “iniciativa” de suscribir aquel convenio. El acta de la reunión del Consell de la Generalitat celebrada el 23 de diciembre de 2005 especifica que el acuerdo se produjo «a iniciativa» de Víctor Campos y «a propuesta del Presidente de la Generalitat». O sea, de Camps. Apenas horas después, el convenio quedó rubricado y Víctor Campos estampó en él su firma. También lo signó el entonces presidente de la sociedad pública utilizada para canalizar el convenio, Esteban González Pons, cuya declaración testifical no tiene aún hay fecha. Como no la hay para la del sucesor de Víctor Campos en la vicepresidencia valenciana, Vicente Rambla, a quien Anticorrupción también quiere interrogar como testigo.