El presidente de Baleares y líder del PP en el archipiélago, José Ramón Bauzá, está a punto de probar su propia medicina. Bauzá no incluyó en su declaración de actividades la titularidad de una farmacia en el municipio mallorquín de Marratxí y cuya gestión cedió a un sustituto tras su victoria en las autonómicas de 2011. La omisión del dato podría ser flor de un día de no mediar un problema añadido: que ya en 2007, y precisamente a instancias del PP, el Tribunal Superior de Baleares (TSJIB) declaró incompatible ostentar un puesto en el Govern y mantener la titularidad de una farmacia aún si a su frente se coloca un sustituto. La sentencia se dirigió contra la entonces ya exconsellera de Sanidad, la socialista Aina Salom.
Bauzá no dirige directamente la sanidad balear. Pero los socialistas, dispuestos a acudir a los tribunales, exhiben ya un argumento para refutar el carácter inocente del doblete como farmacéutico y president: “Quien puede lo más puede lo menos”, resumen fuentes de la federación balear del PSOE (PSIB) aludiendo a una máxima jurídica que, aquí, se traduce de la siguiente forma: quien manda en el Ejecutivo puede mandar, por ejemplo, en las directrices sobre el pago de la deuda a las farmacias.
La tormenta estalló el miércoles, cuando el Ejecutivo balear comunicó oficialmente a otro partido de oposición, el PSM (Partido Socialista de Mallorca) que, amén del cargo como presidente, Bauzá sólo había consignado en la declaración de actividades e intereses su condición de diputado, por la que percibe “dietas”. Faltaban, por tanto, la farmacia y dos empresas, la vinoteca Divino, cuyos supuestos manejos amaga con destapar un empresario local, y Bauser, dedicada a la ortopedia.
Según el PP, Bauzá dimitió como administrador de Divino el 9 de julio de 2011 pero su cese no quedó inscrito en el Registro Mercantil hasta mayo de este año. Sobre Bauser, la explicación oficial apunta a que no tenía por qué abandonar el cargo –aunque finalmente lo hizo- porque se trataba de administrar “patrimonio personal y familiar”, tarea legalmente permitida. Y, respecto a la farmacia, los conservadores sostienen que es tiempo de esperar. ¿A qué? A que el mismo Gobierno que preside Bauzá determine si mantener su titularidad es o no compatible con ostentar la presidencia autonómica.
Para Bauzá, que hace un año ganó las elecciones tras remachar su política de tolerancia cero con la corrupción, el episodio de la farmacia puede acabar convertido en una mancha molesta y duradera. Si los conservadores piden tiempo y árnica hasta que el Ejecutivo se pronuncie sobre la compatibilidad, la federación balear del PSOE (PSIB) prepara ya la guadaña jurídica. Fuentes socialistas explican así la estrategia: “Esperaremos a que conteste el Govern, que tiene dos opciones, dar una respuesta o acudir al silencio administrativo para, de forma tácita, decir que no hay incompatibilidad. Y una vez que haya respuesta iremos a los tribunales invocando el precedente de Aina Salom”. De momento, el viceportavoz parlamentario socialista, Vicenç Thomas, ya ha hincado el diente en la vertiente económica del asunto al pronosticar que Bauzá preferirá cesar como president antes que como boticario porque afronta “ 10.000 euros de hipotecas al mes”.
Dictada el 16 de noviembre de 2007, aquella sentencia fue consecuencia directa del recurso planteado por 28 diputados del PP balear en 2002 encabezados por la aún parlamentaria Misericordia Sugrañes. Pero el mismo partido que hace diez años consideraba un pecado político la actuación de Salom cree ahora que la oposición sólo “ensuciar el nombre de Bauzá”. El entrecomillado pertenece a Mabel Cabrer, portavoz del PP en el Parlament y consellera de Obras Públicas en el último Gobierno del hoy imputado Jaume Matas. Cabrer llegó más lejos en su ataque a la oposición: “Sólo saben hacer política sucia y nos están cansando».
Pero la sentencia contra Salom esconde un misil de profundidad. Porque el recurso del PP que le dio origen adujo que el nombramiento de un sustituto para atender la farmacia no priva al titular de “ninguno de los beneficios económicos ínsitos a la titularidad de un establecimiento sanitario”.