viernes, octubre 4, 2024
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IU dice que España está «intervenida» y pide a Rajoy que «deje de mentir»

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El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado este domingo que, a todos los efectos, España está «intervenida», y ha pedido al Gobierno que explique por qué ha decidido que sean los ciudadanos los que paguen el agujero financiero de la banca causado «por la estafa inmobiliaria».

Lara, que ha ofrecido una rueda de prensa en Ciudad Real, ha pedido al Gobierno de Rajoy que «deje de mentir» después de que «ha decidido» que sean los ciudadanos quienes al final paguen esta deuda «a través de un doble rescate, ya que es el Estado el que absorbe la deuda de las entidades financieras con problemas y quien se convierte en garante de la misma ante Europa».

De forma que, ha añadido, «aumenta su deuda y su déficit y, de media, cada español va a tener una deuda individual de más de 2.000 euros que pagará a través de los Presupuestos Generales del Estado», ha agregado.

En este sentido, el coordinador general de IU, que cree que la deuda de la banca española supera los 100.000 millones de euros, ha justificado su afirmación de que España «está intervenida» en el comunicado del Eurogrupo en el que «ya avisan de que van a estar vigilantes mientras se produce el préstamo»

«De forma que vamos a pagar esa deuda y sus intereses antes que tener un Estado del Bienestar, por mucho que De Guindos diga que solo afecta al sistema financiero, también al Estado porque es el garante», ha afirmado.

Por este motivo, ha dicho, Europa ya ha dado a España las directrices que debe seguir para mantener controlado un déficit que se incrementará como consecuencia de los intereses de este rescate y que pasan por subir el IVA, incrementar el ajuste en las prestaciones por desempleo, «que ya se recortan en los PGE de 2012 un 5,4% pese a que el Gobierno prevé 650.000 parados más», reducir el gasto en pensiones y acelerar la aplicación del retraso en la edad de jubilación, «al margen de reducir los empleados públicos y aumentar las privatizaciones».

Sin circulación del crédito

Respecto a las afirmaciones del ministro de Economía acerca de que esta medida permitirá que comience a circular el crédito, Lara las ha calificado de «falacia» porque, ha justificado, la banca «lleva tiempo recibiendo prestamos al 1% de interés y no se ha destinado a la economía productiva».

«Lo mismo va a pasar con esta recapitalización del sistema financiero, que irá principalmente destinado a pagar las deudas de la banca española con la francesa, la alemana y de otros países, pero no para beneficiar a los ciudadanos», ha dicho.

Por todos estos motivos, el coordinador general de IU cree que en estos momentos es más necesario que nunca que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca ante el parlamento porque «los ciudadanos quieren saber lo que ha pasado, para que no se repita, pero también para depurar responsabilidades de los gobiernos anteriores y actuales, de los consejos de administración de las entidades financieras, del Banco de España y de los órganos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como la mesa del Congreso ya ha rechazado en tres ocasiones la creación de una comisión de investigación, IU presentará el próximo martes en la Cámara Baja una moción «que provoque que, al menos, se genere un mínimo debate y expliquen por qué el PP vota en contra de una comisión de investigación que aclare la situación».

«Rajoy se comprometió a decir la verdad a los españoles y no lo está haciendo, por lo que es urgente que explique en el Parlamento por qué el Estado absorbe la deuda de los bancos, a que condiciones y con qué coste para los ciudadanos», ha concluido.

«Intervención en toda regla»

El diputado de IU por Asturias en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha opinado que el crédito de 100.000 millones de euros que Europa concede al sistema financiero español es, en realidad, «una intervención en toda regla» que «redundará en recortes de todo tipo».

El parlamentario, que este domingo ha visitado a los mineros acampados frente a la Delegación del Gobierno en Oviedo, ha tildado además de «indecente» que se den 100.000 millones de euros a la banca a la par que se niega la «migaja» de 70 millones para que sobreviva la minería.

Por ello, le ha pedido al titular de Industria, José Manuel Soria, que deje la «demagogia y las declaraciones retóricas», se siente a negociar con el sector y ponga encima de la mesa «una cantidad que sea creíble para mantener la actividad y el empleo». «Hoy por hoy la política del PP es dar dinero a espuertas a los bancos a cambio de nada y negar el empleo imprescindible a trabajadores y mineros», ha reprochado.

El dirigente de IU ha opinado que hablar de la necesidad de sacar dinero en un sitio para meterlo en otro es un «subterfugio» del Gobierno, a quien ha solicitado además que no siga utilizando argumentos como que algunos empresarios de la minería son «unos cacos». «Si alguien tiene sospechas o evidencia de irregularidades y delitos que los denuncie a la Fiscalía», ha zanjado.

En lo que respecta al rescate, ha señalado que los fondos que recibirá España constituyen ayuda para capital y no mejorarán los créditos a familias y empresas.

«Una gran mentira»

De esta forma, el rescate constituye a su juicio «una afrenta a la soberanía del país hecha por videoconferencia y una burla a la representación democrática de los ciudadanos y a los compromisos electorales, además de una gran mentira».

«No hay tal crédito blando a cambio de nada, sino un crédito en condiciones duras que va a repercutir en el déficit y en la deuda del país y, en consecuencia, en recortes de todo tipo, también en materia empresarial y laboral», ha zanjado, antes de instar al Gobierno a que deje de «mentir» y de «minusvalorar» la inteligencia de los ciudadanos. «Todos sabemos que no se dan duros a cuatro pesetas o euros a cuarenta céntimos», ha ejemplificado.

Por último, ha considerado que el Gobierno no está legitimado para llevar a cabo «una intervención que cuestiona la soberanía» sin pulsar previamente la opinión del Parlamento y de los ciudadanos mediante un referéndum.

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