La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO han animado a secundar las movilizaciones previstas para este jueves en defensa del empleo en las administraciones, especialmente los empleados públicos que prestan servicios en las autonomías.
En un comunicado conjunto, señalan que esta nueva jornada de lucha forma parte de la cadena de acciones que ambas organizaciones sindicales desarrollan para defender los servicios públicos y rechazar los recortes que los distintos gobiernos aplican.
A su juicio, «es evidente» que las políticas de austeridad de los distintos gobiernos conducen a la destrucción del Estado de bienestar y al desmantelamiento de los servicios y empleos públicos.
Denuncian que los ajustes no sólo mantienen el dramático escenario de más de cinco millones de parados, sino que lo continúan aumentando.
Bajo el lema #defiendelopublico, CCOO y UGT han convocado en todas las comunidades autónomas acciones para una jornada de lucha y concentraciones y manifestaciones en las principales ciudades de España.
Además, han anunciado otras acciones de protesta como instalar mesas informativas ante los centros de trabajo; repartir panfletos a la salida del metro; dirigir escritos de protesta a los diferentes consejeros de Administración Pública, formar cadenas humanas y realizar performance-protesta donde se construirán puzzles con mensajes en apoyo a los servicios públicos.
Con todo ello pretenden dejar patente su rechazo a la reforma laboral y pedir a los gobiernos que establezcan como prioridad el mantenimiento del empleo del sector público de las comunidades, garantía de prestación del derecho ciudadano con calidad y en condiciones de igualdad en el acceso y el trato.
Tras exigir el freno a la pérdida de empleos que las autonomías vienen sufriendo desde hace varios años, consideran que, a raíz de «la imposición» del Gobierno Central de un techo de gasto para las comunidades autónomas de 1,5 puntos, la situación se agravará.
Aluden también al deterioro de las condiciones laborales del personal del sector, lo que supone, en muchos casos, el desmantelamiento de múltiples servicios públicos y «siempre la disminución de la calidad de su prestación», lo que afecta a los derechos que la ciudadanía financia con sus impuestos.
FSC-CCOO y FSP-UGT exigen políticas diferentes a las promovidas por el Gobierno central y secundadas por las comunidades y medidas que fomenten el crecimiento económico y no solo de recortes.