PNV, Izquierda Unida y el Partido Socialista consideran insostenible la situación del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ante la reunión extraordinaria que este órgano celebra para analizar la polémica generada en torno al supuesto uso de fondos públicos para pagar viajes a Marbella (Málaga). Las asociaciones judiciales, mientras tanto, coinciden en la conveniencia de que Dívar presente su dimisión ante la «crispación» que ha causado su conducta.
El CGPJ encara este sábado un Pleno extraordinario con dificultades para alcanzar los doce votos que fuercen el cese de Dívar, a cuenta de la polémica por los viajes que realizó con cargo al presupuesto de este órgano por valor cercano a los 28.000 euros.
La propuesta de cuatro vocales para instar su dimisión puede reunir el apoyo de entre siete y nueve consejeros de este órgano.
Las mismas fuentes aventuraron que la crisis abierta en el órgano de gobierno de los jueces podría no cristalizar este sábado, sino el próximo jueves. Ese día, una vez transcurridos los actos de celebración del Bicentenario del Supremo, Dívar mantiene convocado un Pleno para debatir la «situación» por la que pasa el Consejo y algunos vocales apuestan porque ese será el momento en el que se produzca su dimisión.
Con independencia de la postura que pueda adoptar personalmente Dívar, en el Pleno se votarán dos puntos diferentes. Primero se estudiará la propuesta de Margarita Robles, Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz que instan su dimisión y, si no prospera, se votará lo solicitado por José Manuel Gómez Benítez, el vocal que denunció la existencia de los viajes ante la Fiscalía, que es la promover su cese.
Para que saliese adelante esta última propuesta se precisaría mayoría cualificada, es decir, el voto de un total de 12 de los 20 vocales que forman parte del CGPJ; mientras que para la primera bastaría una mayoría simple. No obstante, que un gran número de vocales apoyasen esta iniciativa e instaran a Dívar a dimitir, no garantiza que vaya a hacerlo.
Ante esta polémica, muchos partidos políticos han analizado la situación, entre ellos el PSOE. Así, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, afirmó en rueda de prensa, este viernes, que «había llegado el momento» de que Carlos Dívar presentase su dimisión, porque estaba «dañando gravemente la imagen y el prestigio» de las instituciones que preside.
Hasta ahora, el PSOE reclamaba que Dívar compareciese para dar explicaciones en el Parlamento y, si no accedía a hacerlo, que presentase su dimisión. La socialista defendió que su partido siempre había actuado con «prudencia y respeto» a las instituciones, al Supremo y al CGPJ, pero que «ese mismo respeto y prudencia» les «hacía decir que «había llegado el momento de que abandonase su responsabilidad», remató.
Lo propio opinó el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, promotor de la petición de comparecencia de Dívar en la Comisión de Justicia que el pasado martes recibió el visto bueno de la Mesa de la Cámara y que este jueves permitió que todos los grupos le instaran a explicarse en sede parlamentaria «a la mayor brevedad».
«Moralmente ya está cesado»
En declaraciones a Europa Press, el excoordinador de IU reiteró la necesidad de que el también presidente del Tribunal Supremo dimitiera de su cargo porque es lo que esperan los miembros del CGPJ y lo que esperan los ciudadanos que, a su juicio, piensan que «si no hubo delito, al menos hubo claramente una vulneración de la ética y la honestidad».
Aunque este sábado, Dívar decida no dejar su cargo, Llamazares remarcó que «ya estaba cesado». «Moralmente está cesado, lo ha cesado la desconfianza del órgano de gobierno de los jueces y la ciudadanía», insistió.
De su lado, el portavoz del PNV en la Comisión de Justicia, Emilio Olabarría, consideró que la situación de Dívar en el Consejo del Poder Judicial no era «sostenible» y estaba provocando «una pérdida de prestigio» en esta institución.
Aunque no se atrevió a augurar si finalmente presentará su dimisión o no, el nacionalista vasco apuntó como dato relevante que Dívar haya convocado una reunión con carácter extraordinario.
El Gobierno respeta la «independencia del CGPJ
En cuanto a la opinión del Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mostró este viernes el respeto del Ejecutivo a la «independencia» del CGPJ en virtud del principio de separación de poderes, así como su respeto a la resolución judicial que señaló que la actuación de Carlos Dívar «no tuvo en ningún caso carácter delictivo».
La vicepresidenta quiso asegurar que el Gobierno respetaba «todas las resoluciones judiciales en sus justos términos» y defendió la «independencia» y «estabilidad» de las instituciones para ganar confianza y seguridad jurídica.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Justicia del PP, José Miguel Castillo, marcó distancias con respecto a la reunión que mantendrá el órgano este sábado y se mostró prudente sobre cuál sería o cuál debería ser la posición a adoptar por Dívar.
«Es una decisión que corresponde estrictamente al CGPJ, y el PP siempre ha mostrado respeto absoluto por las decisiones del órgano de gobierno de los jueces y por la independencia de poderes», se limitó a declarar.
Las asociaciones judiciales coinciden
Así las cosas, las asociaciones judiciales se han pronunciado y han coincidido en la conveniencia de que Carlos Dívar presente su dimisión ante la «crispación» y el «deterioro» que su conducta ha provocado a la imagen del órgano de gobierno de los jueces y que puede extenderse al conjunto de los miembros de la Carrera Judicial.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera, reconoció que acogería con «desahogo» que Dívar presentara voluntariamente su dimisión y considera «éticamente reprobable» su comportamiento.
Su portavoz Pablo Llarena explicó que la asociación no pide explícitamente a sus vocales que soliciten el cese de Dívar, y que la solución más ajustada a la Ley radicaría en la renuncia voluntaria del presidente.
Sin embargo, la asociación de Jueces para la Democracia (JpD) sí hizo un llamamiento a los vocales para que actuaran con «responsabilidad institucional» y pidieran por mayoría cualificada el cese de su presidente.
Finalmente, la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) expuso en un comunicado su convencimiento de que Dívar debería dimitir para evitar que se profundice en el «descrédito» del órgano de gobierno de los jueces y la carrera judicial en general.