La denuncia del secretario general del SUP, Sánchez Fornet, ha Anticorrupción ha tenido respuesta. Aunque la Fiscalía rechazó en su día investigar quién es el propietario del piso de lujo que supuestamente el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, tiene alquilado por 2.000 euros al mes, según El País, el comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla (nombrado por el PP) ordenó el pasado 11 de junio abrir una investigación oficial y secreta sobre el ático.
Ha pasado sólo un día desde el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Interior del Senado, anunciaba que su partido pediría una comisión de investigación para esclarecer los hechos que rodeaban al piso. Junto a él, en rueda de prensa, estaba el secretario general del SUP, que aseguraba que no conocía aún reacción alguna tras remitir al ministro de Interior y a la Policía Judicial que no existe escritura de propiedad ni se conoce quién ha invertido un millón de euros en la adquisición de dicha vivienda. Sin embargo, ya ha llegado la primera reacción.
Rodríguez Ulla ha ordenado la apertura de unas diligencias oficiales y secretas sobre el ático de González. Según El País, tienen número de registro oficial, y han sido inscritas en el archivo informático interno que aglutina las informaciones y pesquisas sobre el investigado para evitar duplicidades. La investigación policial ha sido comunicada a Anticorrupción.
ESTRELLA DIGITAL ya publicó el pasado 26 de marzo que la sociedad a la que Ignacio González dice pagar el alquiler lleva inactiva desde 2010 y se volvió a reactivar tan sólo dos días después de que la noticia saltara a los medios. El argumento del vicepresidente madrileño, Ignacio González, fue siempre demostrar que paga un alquiler a la empresa de Rudy Valner, Coast Investors LLC. Sin embargo esta empresa, inactiva durante los últimos dos años no ha presentado las cuentas que se deberían desprender por el pago de sos 2.000 euros mensuales (o 6.000 trimestrales, como según dijo el vicepresidente que pagaba). El SUP sospecha que el propietario del piso pudo comprarlo con «una suma importante de dinero obtenido de forma ilícita».