“¿Quién nos dice que los incendios que se han producido estos días no son incendios incentivados con intereses urbanísticos sobre ellos?”, se pregunta el diputado socialista Francesc Signes.
El fuego ha devorado Valencia. Después de tres días de tragedia en las localidades de Cortes de Pallás y Andilla, y más de 50.000 hectáreas calcinadas, parece que se recupera la estabilidad, aunque el incendio todavía no está controlado. Por el momento no existen cifras exactas que aclaren las consecuencias de las llamas.
Un desastre ecológico de tal magnitud que inevitablemente recuerda al ocurrido hace dos décadas en la misma comunidad. En 1992, un incendio voraz arrasó las montañas de Benidorm, hoy podemos ver sobre ellas Terra Mítica. Cuatro años después de aquel desastre, a través de una modificación de la ley que impedía la edificación en terreno quemado, nació la Sociedad Parque Temático de Alicante SA. El germen de un proyecto urbanístico que culminó con la construcción del parque temático y borró el rastro de las llamas.
Las similitudes entre los dos casos son claras. Detrás del fuego del pinar de Benidorm, se escondía una siniestra operación urbanística encabezada por Eduardo Zaplana. Ahora, la Generalitat ha decidido incumplir la Ley de montes para facilitar la construcción en terrenos quemados.
El pasado mes de octubre, el Gobierno Valenciano introdujo un nuevo apartado en la ley forestal, con el objetivo de eliminar la prohibición de recalificar suelo en montes que hayan sufrido un incendio. A pesar del obstáculo jurídico que supuso la ley estatal sobre montes, Isabel Bonig, Consellera de Infraestructuras, consiguió la modificación de la norma a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para el año 2012 de la Generalitat Valenciana.
El objetivo consistía en ofrecer cobertura legal a la ampliación del vertedero de Dos Aguas, situado en la zona afectada, imposible hasta entonces porque parte de la instalación afecta a terrenos quemados. Según han confirmado a ESTRELLA DIGITAL fuentes de la Consellería de Infraestructuras, la decisión “no significa que se pueda construir porque sí, solamente si se trata de especial relevancia”. Además, niegan que esto oculte una trama de “especulación urbanística”, aunque las facilidades que ofrece la modificación para encender la llama y visualizar el proyecto, son evidentes.
“Cualquier cosa puede ser excepcional según el Gobierno de turno”
Ahora que el fuego ha carbonizado cerca de 50.000 hectáreas se reabre el debate sobre la modificación en la Ley. Desde el principal partido de la oposición, el rechazo es absoluto y desaprueban la iniciativa de la Conselleria por el fondo y por la forma. Francesc Signes, considera que la modificación de la ley debe someterse a trámite ordinario y “no a través de la ley de acompañamiento”, como ha ocurrido en este caso.
La desconfianza que genera la medida aprobada por el Ejecutivo es alarmante. Ecologistas en Acción preparó una campaña en contra de la modificación de la ley a través de la red y lograron recoger hasta 25.000 firmas de apoyo; Juan López de Uralde, portavoz de Equo está convencido de que la finalidad del cambio de la normativa pretende “abrir excusas y agujeros en la legislación para luego poder saltársela” y añade que “cualquier cosa puede ser excepcional según la opinión del gobierno de turno”.
Marina García-Rico